Gobierno de México inicia liquidación de Fonatur Tren Maya; proceso concluirá en 12 meses

Redacción/CARIBE PENINSULAR

CHETUMAL.- El gobierno de Claudia Sheinbaum autorizó la disolución de la empresa Fonatur Tren Maya, creada en 2018 para planear y operar el proyecto ferroviario en el sureste de México. La medida fue publicada este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que inicia formalmente el proceso de liquidación, el cual deberá concluir en un plazo máximo de 12 meses.

Durante este periodo, la empresa continuará existiendo únicamente para efectos administrativos de cierre. Según lo establecido, no se asignará presupuesto adicional: se utilizarán los recursos ya disponibles, se entregará cualquier remanente a la Tesorería de la Federación y se garantizarán los derechos laborales de los trabajadores.

El pasado 28 de febrero, Fonatur transfirió oficialmente sus activos a Tren Maya S.A., a Gafsacomm (hoy Grupo Mundo Maya, empresa militar que administra hoteles y sitios turísticos) y al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). El valor total de los bienes entregados asciende a 470 mil 428 millones de pesos, de los cuales 396 mil 843 millones corresponden al concepto de “construcciones”, de acuerdo con el dictamen del auditor externo de la paraestatal.

El proceso de traspaso inició el 31 de agosto de 2023, cuando el expresidente Andrés Manuel López Obrador emitió la primera orden de entrega, con fecha límite al 31 de diciembre de ese año. Sin embargo, el plazo se amplió en dos ocasiones: primero hasta el 12 de septiembre de 2024, y finalmente por seis meses adicionales, debido a trámites pendientes.

Entre estos pendientes se encuentran la aprobación del proyecto ejecutivo por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, autorizaciones de la Conagua para el uso de aguas nacionales y descargas residuales, permisos de construcción en los tres niveles de gobierno, así como licencias en materia ambiental, arqueológica y de seguridad tecnológica. También se incluyen expropiaciones de tierras —más de 200 decretadas en los últimos años— y cambios de uso de suelo.

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