A ocho días de la devastadora explosión de una pipa de gas LP en el puente de La Concordia, que ha cobrado 20 vidas y dejado a 28 personas aún hospitalizadas, el gobierno de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia garantizan la reparación integral de las víctimas de la explosión en Iztapalapa. La tragedia impulsa un esfuerzo conjunto por la justicia y el apoyo.
Compromiso prioritario con las víctimas
La Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México ha reiterado su compromiso de exigir y dar prioridad a la reparación integral del daño para cada una de las familias damnificadas por la explosión de una pipa de gas LP. El incidente, protagonizado por una unidad de la empresa Silza en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, ha generado una profunda tragedia con 20 personas fallecidas y 64 heridas, de las cuales 28 permanecen hospitalizadas.
Ocho días después del suceso, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunció la conformación de un comité de solidaridad. Este organismo tendrá como propósito central recibir y distribuir las donaciones económicas destinadas a las personas afectadas.
Un comité de amplia convocatoria
El comité de solidaridad invitará a la participación de diversas entidades y personalidades, lo que subraya la intención de un respaldo amplio y transparente. Se contempla la inclusión de representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la Cruz Roja, la sociedad civil organizada, el sector empresarial y figuras reconocidas. Por parte del Gobierno de la Ciudad de México, se ha designado a la titular de la Secretaría de Bienestar, Araceli Damián, para formar parte de este esfuerzo.
La jefa de Gobierno ha solicitado formalmente a la FGJ que se agilice el proceso penal derivado de la explosión. Brugada reafirmó su promesa de garantizar la justicia para las familias que han sufrido las consecuencias de esta tragedia.
Pesquisas ininterrumpidas: Más allá del conductor
La fiscal capitalina, Bertha Alcalde, ha dejado claro que las investigaciones y la causa penal continuarán su curso. Esto es independiente del fallecimiento de Fernando Soto Munguía, quien fuera el conductor de la unidad. El objetivo primordial de la FGJ es deslindar la responsabilidad de todos los involucrados. Para ello, se están revisando exhaustivamente las condiciones operativas de la pipa, así como el cumplimiento de la normatividad de tránsito vigente.
La empresa Silza y su disposición a reparar
En este contexto, los apoderados legales de la empresa Silza ya han rendido declaración. La compañía ha manifestado su clara disposición a llevar a cabo la reparación del daño a las víctimas, comprometiéndose a aportar recursos propios y a activar cuatro pólizas de seguro que se encuentran vigentes.
La fiscalía ha requerido a Silza que el canal para la realización de pagos y apoyos se centralice a través de la propia institución. Esta medida busca asegurar que las familias afectadas reciban la asesoría jurídica necesaria durante todo el proceso. Hasta la fecha, se han presentado 42 querellas correspondientes, lo que da inicio formal al proceso legal. Este podría derivar en un acuerdo reparatorio o en la imputación de delitos como homicidios culposos, lesiones culposas y daños a la propiedad, dependiendo de las decisiones que tomen las víctimas y sus familiares.
El panorama de los afectados
La secretaria de Salud, Nadine Gasman, ha proporcionado un desglose detallado sobre el estado de las personas que aún requieren atención médica. De un total de 28 individuos hospitalizados, 27 se encuentran distribuidos en 10 hospitales de la Ciudad de México. El caso restante corresponde a una bebé de tan solo dos años, quien fue trasladada a Galveston, Texas, en Estados Unidos para recibir atención especializada.
Entre los 28 hospitalizados en la capital, la situación es crítica para 16 personas, clasificadas como muy graves. Adicionalmente, cuatro se reportan graves, seis están estables y dos más, aunque delicadas, muestran signos de mejoría.
La búsqueda de justicia y la reparación integral de las víctimas en Iztapalapa se erigen como un termómetro de la capacidad institucional para responder a tragedias de esta magnitud. ¿Serán suficientes estos esfuerzos multisectoriales para reconstruir la confianza y ofrecer un verdadero consuelo a las familias damnificadas?
