En un paso decisivo para fortalecer la seguridad pública, los gobernadores de la mayoría de los estados mexicanos han acordado homologar la estrategia nacional de seguridad a sus legislaciones locales. Este compromiso, liderado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca una corresponsabilidad profunda para combatir la extorsión y las desapariciones en el país.
Un acuerdo clave para la seguridad nacional
Durante la 51 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, celebrada en Palacio Nacional el 2 de septiembre de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la discusión que culminó con el respaldo unánime de los mandatarios estatales. Treinta gobernadores, junto con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aprobaron los acuerdos presentados. Solo se registró la ausencia de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos.
La jefa del Ejecutivo enfatizó que los acuerdos tienen como fin aterrizar la estrategia nacional de seguridad en cada entidad, asegurando que las leyes federales en la materia se consoliden a nivel estatal. Este esfuerzo coordinado es vital para que las entidades federativas atiendan las causas de la inseguridad, mejoren la inteligencia e investigación, fortalezcan sus policías y se coordinen efectivamente con el gobierno federal, las fiscalías y los tribunales de justicia.
Los cuatro ejes de la estrategia federal
La presidenta Sheinbaum remarcó que la estrategia nacional de seguridad se cimenta en cuatro pilares fundamentales:
- Atención a las causas que originan la violencia.
- Consolidación de la Guardia Nacional.
- Fortalecimiento de la inteligencia y la investigación criminal.
- Mejora de los mecanismos de colaboración y combate a la impunidad.
El papel vital de las policías locales
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, subrayó la trascendencia de las fuerzas policiales en el ámbito local. Harfuch apuntó que un contundente 96 por ciento de los delitos perpetrados en México pertenecen al fuero común. «El futuro de la seguridad en México depende en gran medida del fortalecimiento de las policías estatales y municipales, pues son la primera línea de contacto con la ciudadanía y quienes enfrentan directamente los retos de la seguridad en cada comunidad», enfatizó el funcionario. La meta es garantizar que las 32 policías estatales operen con un estado de fuerza óptimo en favor de la ciudadanía.
Combate a la extorsión: Una ley transformadora
Un punto crucial de la agenda fue la próxima aprobación de modificaciones constitucionales por parte del Congreso de la Unión para combatir la extorsión, un delito que ha registrado un alarmante aumento en el país. Estas reformas darán pie a una ley general en la materia, que deberá ser homologada en los estados.
La esencia de esta ley reside en que la extorsión se persiga de oficio, un modelo en el que Michoacán ha sido pionero. Esta medida elimina la carga de la denuncia exclusiva sobre la víctima, permitiendo que, a partir de una denuncia anónima, el estado tenga la obligación de investigar y perseguir este delito.
Corresponsabilidad en la búsqueda de desaparecidos
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó las acciones destinadas a la atención de la desaparición de personas, haciendo un llamado enérgico a los mandatarios estatales para asumir mayor corresponsabilidad. Rodríguez detalló que se implementará la Clave Única de Registro de Población (CURP) biométrica como una herramienta esencial, no solo de identidad, sino también de búsqueda. Este nuevo modelo exige un papel activo y la constante actualización de información por parte de los registros civiles estatales.
El llamado a la cohesión comunitaria
Finalmente, el fiscal general, Alejandro Gertz, hizo un llamado para suscribir un acuerdo de apoyo a la vida comunitaria en todas las poblaciones y municipios del país. La intención es que el éxito alcanzado durante el año en materia de seguridad se refleje en la cotidianidad de las familias, y que la fuerza y coordinación logradas se perciban a diario en cada comunidad. Los acuerdos, aprobados por unanimidad, marcan un precedente para una colaboración más efectiva entre los diferentes niveles de gobierno en la lucha por la seguridad.
