El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, ha manifestado su rotundo desacuerdo con la liberación del activista Luis García Villagrán, un caso que ha desatado una controversia judicial significativa en México. La Fiscalía General de la República (FGR) no solo apelará la decisión, sino que abrirá una carpeta de investigación contra el juez involucrado. Este hecho, ocurrido el 12 de agosto de 2025, pone en el centro del debate la independencia judicial y la eficacia en la persecución de delitos.
La contundente crítica del Fiscal General
Desde Palacio Nacional, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, expresó su asombro ante la resolución judicial. «No había visto una cosa igual», afirmó, señalando que el juez no consideró 75 pruebas presentadas por diversas autoridades contra Luis García Villagrán.
La Fiscalía General de la República ha declarado su firme intención de apelar la decisión del juez Jonathan Francisco Izquierdo Prieto. Adicionalmente, se iniciará una carpeta de investigación en su contra, lo que subraya la gravedad con la que la FGR percibe este fallo.
Los hechos: La liberación de García Villagrán
Luis García Villagrán, conocido como organizador de caravanas de migrantes y defensor de los derechos de este sector, fue acusado de tráfico de personas. Su liberación se concretó ayer del Centro de Reinserción Social 3 en Tapachula, Chiapas. Esto ocurrió tras una audiencia en la que el juez determinó no vincularlo a proceso, argumentando falta de pruebas sobre los delitos imputados.
El descontento de la FGR y las 75 pruebas
El fiscal Gertz Manero detalló el proceso que llevó a la detención y posterior liberación de García Villagrán. Fue denunciado por el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Seguridad federal obtuvo aproximadamente 75 pruebas que, según el fiscal, establecían la presunta responsabilidad del activista. Con base en estas evidencias, el juez había otorgado previamente la orden de aprehensión, y García Villagrán fue detenido.
Sin embargo, Gertz Manero criticó severamente la actuación del juez en la audiencia de vinculación a proceso. «Cuando lo llevamos frente al juez, el juez no quiso ni siquiera analizar las 75 pruebas que habían presentado todas las autoridades, y dijo que como [García Villagrán] se dedicaba a proteger a los grupos migrantes, lo ponía en libertad. Yo no había visto una cosa igual ¡eh!», sentenció el fiscal.
Enfático, el funcionario recalcó que la FGR irá más allá de la apelación: «No solo vamos a apelar, vamos a iniciar una carpeta… Detrás de todo eso hay fortunas incalculables que están victimizando a miles de personas y no puede quedar así».
La postura de gobernación y el mecanismo de protección
Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aludió a que Luis García Villagrán era parte del mecanismo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas desde 2019.
No obstante, Rodríguez aclaró que dicho mecanismo no exime a ninguna persona de la ley: «Pero cualquier persona que esté bajo el mecanismo de protección, que puede tener botón o todo tipo de atención, y que cometan cualquier delito, no importa que esté en el mecanismo, pueden ser detenidos, siempre y cuando haya una orden de aprehensión, por ejemplo, de un juez que es el mismo que después le otorga la libertad. Estamos esperando a la FGR cuál es la situación sobre las diligencias, la apelación respectiva».
La situación legal de Luis García Villagrán y las acciones que emprenderá la FGR contra el juez Jonathan Francisco Izquierdo Prieto, así como la apelación de la decisión, marcarán un precedente importante en la administración de justicia y la rendición de cuentas de los actores judiciales en México. Este caso podría revelar las tensiones subyacentes entre los poderes Ejecutivo y Judicial, y sus implicaciones para la procuración de justicia.
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