
En un nuevo capítulo de uno de los escándalos más sonados de la política mexicana, la justicia estadounidense ha golpeado con fuerza. La caída de Genaro García Luna, símbolo del combate al crimen durante el calderonismo, ahora también arrastra consecuencias millonarias.
Una sentencia sin precedentes sacude el legado de García Luna
Una jueza del estado de Florida ordenó a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, y a su esposa, Linda Cristina Pereyra, pagar casi 2,500 millones de dólares al Gobierno de México. La cifra, inédita, responde a un entramado de corrupción que, según la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lesionó profundamente las finanzas públicas.
La palabra clave es corrupción, pero el caso va mucho más allá: se trata de una red que operó desde las entrañas del poder, con contratos fraudulentos, empresas fantasma y decisiones tomadas desde las oficinas más altas del gabinete de seguridad.
El fallo que cimbra a la clase política
Una jueza de Florida con impacto continental
La resolución, emitida por la jueza Lisa Walsh del Decimoprimer Circuito Judicial de Florida, dictamina que García Luna deberá pagar 748 millones de dólares, mientras que su esposa, Linda Pereyra, enfrentará una sanción aún mayor: 1,740 millones.
La decisión responde a una demanda civil interpuesta por el Gobierno mexicano en 2021, que documenta el daño millonario causado al erario mediante contratos amañados durante la gestión de García Luna.
Más que cifras: una red estructurada desde el poder
En octubre de 2024, la UIF reveló la magnitud de la red: al menos 30 contratos irregulares relacionados con la operación de cárceles y un total de 61 personas implicadas. Lo que comenzó como un caso de presunto enriquecimiento ilícito ha derivado en uno de los expedientes más complejos de corrupción transnacional.
¿Quién es Genaro García Luna y por qué importa?
Del Cisen al banquillo de los acusados
García Luna no fue un funcionario menor. Ocupó cargos clave en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y la Agencia Federal de Investigación (AFI), antes de convertirse en secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), donde se convirtió en el rostro de la llamada “guerra contra el narco”.
Su detención y condena en EE.UU.
En diciembre de 2019, fue detenido en Texas. En octubre de 2024, una Corte de Nueva York lo sentenció a más de 38 años de prisión por cargos relacionados con narcotráfico y corrupción. Su esposa, aunque en libertad, sigue bajo el escrutinio de las autoridades mexicanas.
La UIF, eje del litigio internacional
El papel de la Unidad de Inteligencia Financiera
Desde 2021, la UIF ha sido clave para desentrañar la red financiera tejida por García Luna y sus colaboradores. En su comunicado más reciente, la dependencia destacó que esta sentencia valida su investigación y abre la puerta a la recuperación de activos desviados.
Precedente jurídico para otros casos
Este fallo no solo tiene consecuencias económicas, sino también jurídicas. Sienta un precedente para que México busque resarcir daños por corrupción a través de cortes extranjeras, un camino poco explorado hasta ahora.
México y la recuperación del dinero público
¿Qué sigue tras la sentencia?
Aunque la cifra impuesta es elevada, la recuperación efectiva dependerá de localizar y congelar bienes vinculados a García Luna y su red. Ya en 2023, la misma jueza había fallado en contra del exfuncionario por propiedades y empresas en EE.UU., valoradas en apenas 2.5 millones.
La dimensión simbólica y política
Más allá del monto, la sentencia representa una victoria simbólica para el Estado mexicano. Implica que incluso en el extranjero, se puede combatir la corrupción de altos exfuncionarios. En un país donde la impunidad ha sido norma, este fallo podría marcar un punto de inflexión.
La narrativa que se construye desde México
Negaciones, apelaciones y silencio estratégico
Ni García Luna ni su esposa han aceptado los cargos. Sus abogados no han emitido declaraciones recientes, aunque han sostenido que apelarán tanto la condena penal como esta sentencia civil. Mientras tanto, el silencio predomina en los círculos cercanos al expresidente Felipe Calderón.
El impacto en el entorno político actual
Este caso revive preguntas incómodas sobre la complicidad institucional, la debilidad de los mecanismos de control y la herencia de un modelo de seguridad basado en la militarización. En un contexto electoral, el tema se cuela inevitablemente en el debate público.
El caso García Luna como espejo de país
La sentencia contra García Luna y su esposa es más que un castigo económico: es un recordatorio de los riesgos de concentrar el poder sin rendición de cuentas. También es una oportunidad para avanzar hacia la justicia transnacional y la reparación de daños.
En los próximos meses, sabremos si el dinero regresa a México o si la sentencia quedará como una victoria simbólica. Pero lo cierto es que el nombre de Genaro García Luna ya está inscrito en la historia negra del país, y su caída sigue generando ondas expansivas.