La Seguridad Pública en México marcó un hito con la reciente captura de “objetivos prioritarios” del grupo delictivo La Barredora en Tabasco. El secretario Omar García Harfuch, en la mañanera presidencial, detalló el impacto de estas detenciones, revelando una disminución significativa en los homicidios de la entidad y delineando la compleja estrategia contra la violencia. Este golpe refuerza la operatividad de la SSPC y su búsqueda de estabilidad en regiones clave del país.
Operativos estratégicos desmantelan a La Barredora en Tabasco y Jalisco
En un esfuerzo coordinado que trasciende las fronteras estatales, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) anunció la detención de elementos clave de La Barredora. Esta organización delictiva, históricamente vinculada con Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública durante el mandato del hoy senador morenista Adán Augusto López, ha sido un foco de inestabilidad en la región.
Vínculos y operativos en Tabasco
El secretario Omar García Harfuch, en su informe ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que el reforzamiento de la seguridad en Tabasco ha permitido la captura de “objetivos prioritarios” de La Barredora. Estas detenciones son un reflejo directo del trabajo coordinado y la inteligencia aplicada en la entidad.
Como consecuencia de estas acciones, Tabasco ha experimentado una notable disminución del 48 por ciento en homicidios, en comparación con febrero del 2025. La estrategia incluyó cuatro operativos coordinados en diferentes municipios de Tabasco y Jalisco. Estos despliegues llevaron a la detención de 11 individuos relacionados con La Barredora.
Perfiles de los detenidos y su impacto
Entre los recientemente aprehendidos se encuentran Carlos Tomás “N”, Francisco Javier “N” (conocido como El Guasón), y Adrián “N”. De especial relevancia es la captura de Ulises “N”, alias El Pinto, identificado como uno de los líderes de la organización y generador de violencia en Tabasco.
Este sujeto, El Pinto, cuenta con una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía del Estado de Tabasco por el delito de asociación delictuosa. Además, se le vincula directamente con actividades ilícitas de alto impacto como extorsiones, secuestros, trasiego de droga y robo de combustible, lo que subraya la relevancia de su detención para la desarticulación de la estructura criminal.
Panorama de seguridad en Sinaloa: Entre la reducción y la violencia persistente
El informe del gabinete de seguridad también abordó la compleja situación en Sinaloa, una entidad marcada por enfrentamientos constantes entre células del Cártel de Sinaloa desde hace un año. A pesar de los desafíos, los datos recientes reflejan un impacto significativo de las operaciones gubernamentales.
Reducción de homicidios y desafíos persistentes
García Harfuch indicó que en las últimas semanas se logró la detención de 35 generadores de violencia en Sinaloa. Este trabajo coordinado entre las fuerzas de seguridad ha contribuido a una reducción del 20 por ciento en los asesinatos durante julio, en comparación con el mes anterior.
El secretario recordó que los meses de mayo y junio habían registrado un aumento en los homicidios, lo que hace la disminución de julio especialmente relevante y esperanzadora.
Confrontaciones entre células delictivas
No obstante, la región sigue enfrentando episodios de alta violencia. Ante la preocupación ciudadana por los reportes de 17 personas asesinadas un fin de semana, García Harfuch detalló que, si bien el viernes y sábado no hubo «eventos extraordinarios», el domingo se registraron dos enfrentamientos entre células del Cártel de Sinaloa que dejaron 12 muertos. Ocho de estas víctimas fallecieron en un enfrentamiento en Concordia y cuatro más en otro incidente en Navolato, evidenciando la volatilidad del conflicto interno.
Otros frentes en la agenda nacional de seguridad y justicia
El informe de seguridad presidencial no solo abordó los avances operativos, sino que también tocó otros temas cruciales que marcan la agenda de justicia y anticorrupción.
Casos Pemex y Ancira: Corrupción y justicia
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado a Petróleos Mexicanos (Pemex) para que confirme la existencia de contratos relacionados con presuntos sobornos. Señaló que, de los dos empresarios involucrados por Estados Unidos en estos señalamientos, «uno de ellos está detenido y el otro está prófugo». Este último, Mario Alberto Ávila Lizárraga, es un militante del Partido Acción Nacional (PAN), ex candidato al gobierno de Campeche y ya ha sido acusado en otros casos de corrupción.
Paralelamente, la Fiscalía General de la República (FGR) reiniciará el proceso contra Alonso Ancira por incumplimiento de un acuerdo de pago reparatorio. El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó que Ancira no realizó el último pago estipulado y se trasladó a vivir a Estados Unidos. La FGR realizará todas las gestiones, incluyendo asistencia jurídica internacional, para que esta persona asuma su responsabilidad.
Crítica a la liberación del activista Villagrán
Finalmente, Gertz Manero criticó vehementemente la liberación del activista Villagrán, manifestando que «No había visto cosa igual». La FGR ha anunciado que iniciará una carpeta de investigación contra el juez Jonathan Izquierdo, quien dictó la liberación, lo que promete una nueva confrontación en el ámbito judicial y político.
El despliegue de operativos contra estructuras criminales como La Barredora, junto con el seguimiento de casos emblemáticos de corrupción y las tensiones en el sistema de justicia, dibuja un escenario complejo para la seguridad nacional. La efectividad de estas acciones será determinante para el futuro del país, ¿podrá la estrategia de seguridad mantener el ímpetu y desarticular las redes de poder criminal que aún operan en diversas regiones? La respuesta a esta interrogante definirá la confianza pública en las instituciones.
