La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó el 26 de enero de 2026 que el Gabinete de Seguridad federal coordina acciones con la Fiscalía y el Gobierno de Guanajuato tras el ataque armado en Salamanca que resultó en 11 muertos y 12 heridos. El ataque, perpetrado el día anterior en la comunidad Loma de Flores, es investigado por la autoridad local, sin que la Fiscalía General de la República (FGR) haya atraído el caso hasta ese momento.
Durante su conferencia matutina de este lunes desde Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo abordó brevemente la masacre, destacando que, si bien el gobierno federal ofrece apoyo, la investigación principal sigue en manos del estado. Este posicionamiento subraya una distinción jurisdiccional clave en uno de los eventos de violencia más graves reportados en la entidad.
Análisis de la respuesta federal y la situación de Guanajuato
La presidenta, a pregunta expresa sobre si la FGR podría atraer la investigación, acotó de manera concisa: «Lo lleva en este momento la fiscalía de Guanajuato». Agregó que la gobernadora Libia García Muñoz Ledo y la fiscalía estatal ya emitieron un comunicado al respecto. La participación federal se limita a la coordinación, buscando «dar con los responsables» en conjunto con las autoridades locales.
Este esquema de colaboración se da en el contexto de una ola de violencia persistente en Salamanca. La matanza se suma a un historial reciente de inseguridad: la localidad ya había contabilizado ocho ejecuciones en hechos distintos solamente entre el viernes y el sábado previos al ataque masivo.
Los datos exactos del ataque en Loma de Flores
La matanza se perpetró alrededor de las 5 de la tarde del domingo en los campos de futbol ubicados en la comunidad Loma de Flores, al norte de la cabecera municipal de Salamanca. Hombres armados dispararon contra un grupo de personas que se encontraban conviviendo en el campo deportivo.
Según los reportes de las autoridades locales, el saldo oficial del ataque fue de 11 personas fallecidas y 12 heridas. Este evento se clasifica como una masacre, dada la cantidad de víctimas mortales y el contexto en que se suscitó.
Contexto político y otros asuntos en Palacio Nacional
Más allá del tema de seguridad, la conferencia del 26 de enero de 2026 abordó otros puntos de relevancia política que reflejan el panorama nacional.
La austeridad en la SCJN
La presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de desistirse de adquirir nuevas camionetas de lujo, estimando que la postura era positiva. La mandataria consideró que, dada la nueva conformación de la Corte, su posición frente a la ciudadanía «debería ser diferente».
El ministro presidente, Hugo Aguilar, confirmó este lunes la decisión en una conferencia de prensa junto a otros cinco ministros. Aguilar defendió la decisión al afirmar que la austeridad «no es un acto simbólico». La renovación de la flotilla vehicular se había justificado previamente por razones de «seguridad vial» y un ahorro proyectado de más de mil millones de pesos (mdp). La Corte afirmó: «No hacemos oídos sordos, podemos viajar en Metro».
Ratificación de Gertz como embajador en Reino Unido
Por otro lado, la Comisión Permanente del Congreso ratificó a Gertz como embajador en el Reino Unido. La aprobación ocurrió sin mayor discusión ni debate por parte de las bancadas principales del PRI o el PAN.
La única voz crítica provino del emecista Luis Donaldo Colosio, quien cuestionó la designación del ex fiscal general. Colosio argumentó que «una invitación para ocupar un cargo en una Embajada no constituye una causa grave como lo exige la ley para dimitir del cargo», sugiriendo que la designación podría eludir procedimientos legales más estrictos.
La atención federal en los crímenes de alto impacto, como la masacre de Salamanca, siempre pone a prueba el límite entre la autonomía estatal en materia de justicia y la responsabilidad del Gabinete de seguridad nacional. ¿Logrará la coordinación entre el gobierno federal y la fiscalía de Guanajuato dar la respuesta rápida que demanda un evento de esta magnitud, o la escalada de violencia en la entidad eventualmente forzará a la FGR a tomar la jurisdicción del caso?
