Redacción
CANCÚN.- La Fundación CISVAC presentó una queja formal ante el Instituto de Movilidad de Quintana Roo (IMOVEQROO) por presuntos actos de discriminación institucional hacia personas migrantes y refugiadas que residen legalmente en el estado.
El documento fue entregado por la Dra. Torres, directora y fundadora de la organización, y está dirigido al titular del IMOVEQROO, Rafael Hernández Kotasek. En él, se denuncian diversas prácticas que, según CISVAC, vulneran los derechos fundamentales de esta población, especialmente en el acceso equitativo a servicios de transporte y trámites administrativos.
Uno de los principales señalamientos es la exclusión de migrantes con residencia permanente o temporal, incluso con documentos emitidos en Quintana Roo, de las tarifas preferenciales para usuarios locales en la compra de boletos del Tren Maya.
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“Estamos recibiendo denuncias frecuentes de personas migrantes que, a pesar de vivir legalmente en Quintana Roo y contar con residencia emitida aquí mismo, son tratadas como turistas al momento de adquirir boletos para el Tren Maya. Esto contradice los principios de igualdad y no discriminación que deben regir los servicios públicos en México”, señaló la Dra. Torres al concluir la entrega del documento.
Otro punto relevante de la queja son los obstáculos que enfrentan las personas refugiadas para renovar sus licencias de conducir. De acuerdo con CISVAC, IMOVEQROO exige como requisito obligatorio la presentación de un pasaporte vigente, condición que resulta especialmente problemática para quienes, por su estatus migratorio, tienen serias dificultades para obtener o renovar este documento ante sus consulados.
“Muchas personas refugiadas no pueden tramitar un pasaporte por razones políticas, de persecución o por la ruptura de relaciones con sus gobiernos. Exigirlo para renovar una licencia de conducir no sólo es una medida insensible, sino que impide su integración plena a la sociedad y al mundo laboral”, denunció la organización.
Con esta queja, la Fundación CISVAC busca visibilizar estas prácticas y exhortar a las autoridades a garantizar condiciones de igualdad, inclusión y respeto a los derechos humanos para todas las personas que habitan Quintana Roo, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio.
