Elvia González
CANCÚN. – Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo evitaron que una joven y su familia siguieran siendo víctimas de una extorsión virtual, luego de que un individuo los presionara mediante llamadas y mensajes para entregar fuertes sumas de dinero.
De acuerdo con información de la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión, todo comenzó cuando la joven fue contactada vía WhatsApp por un hombre que, bajo el argumento de organizar un proyecto, la citó en un inmueble de la colonia Emiliano Zapata, sobre la carretera Cancún–Mérida.
La víctima acudió al lugar acompañada de su tío y de su hijo menor y al llegar, el sujeto realizó una videollamada y le solicitó los números de contacto de referencia, supuestamente para confirmar su identidad.
La joven proporcionó los datos de su esposo y de un amigo. Poco después, el individuo aseguró que pertenecía a un grupo criminal y que tenían que pagar para no ser privada de la vida junto con sus familiares.
Fue así que la víctima hizo dos transferencias bancarias de 7 mil pesos, y fue mantenida en la llamada durante dos horas, para evitar que pudiera comunicarse con alguien más y el tío que acompañaba a la joven también depositó 7 mil pesos a la cuenta indicada, hasta que decidieron salir a la carretera.
El extorsionador contactó entonces al esposo de la víctima para exigirle un pago por supuestamente liberar a su familia y el hombre realizó una transferencia por 7 mil pesos, aunque se le habían solicitado 300 mil.
Mientras avanzaban, las llamadas continuaron, por lo que decidieron acudir a la Fiscalía Especializada para denunciar lo ocurrido.
Las autoridades brindaron resguardo a la joven y lograron cortar la cadena de extorsión, evitando que las exigencias económicas siguieran creciendo; corroborando que las llamadas habían sido realizadas desde un penal de Altamira, Tamaulipas.
La FGE hizo un llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier intento de extorsión, ya sea telefónica, virtual o presencial, a fin de prevenir daños a la integridad y al patrimonio de las personas.
