Por Max Torres/NOTICARIBE PENINSULAR
CANCÚN.- El Observatorio Legislativo Quintana Roo AC, denunció penalmente ante la Fiscalía General del Estado (FGE) quien o quienes resulten responsables de la falsificación de documentos por medio de la cual el Congreso local intentó imponer el uso de “contenedores inteligentes” en Cancún.
El primer señalado es el diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José de la Peña Ruiz de Chávez, quien en su calidad de presidente de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta en la XVI Legislatura, consintió los cambios al Artículo 135 de la Ley de Hacienda de Benito Juárez (Cancún).
En enero pasado surgió la polémica con la creación de la empresa Eco’ox, filial de Intelligencia México SA de CV, que se encargaría de instalar obligatoriamente “contenedores inteligentes” en negocios e, incluso, casas-habitación, a cambio de un cobro por el servicio.
La acción fue rechazada por integrantes de la sociedad civil organizada y, tras la presión ejercida, fue echada para atrás la modificación al Artículo 135 y, por ende, la entrada en operación de Eco’ox.
La acusación está asentada mediante la carpeta de investigación número FGE/QROO/BJ07/11432/2020, que se integró con copias de documentos de las diferentes acciones del procedimiento legislativo y del Cabildo, además que se proporcionó material en videos.
“Considerando que no deben suceder estas alteraciones en la vida de las instituciones de Gobierno, hemos interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se investiguen los hechos, probables constitutivos de delito, por falsificación de documentos, uso de documentos falsos, y delitos contra la administración pública cometidos por servidores públicos, todo ello de acuerdo a lo establecido en el Código Penal del Estado de Quintana Roo”, precisó Eduardo Galaviz Ibarra, representante del Observatorio Legislativo Quintana Roo.
Y es que a principios de año se generó un posicionamiento del sector empresarial contra las modificaciones al Artículo 135, a través de las que le otorgaban atribuciones a Intelligencia México SA de CV -concesionaria de la recolección de basura- y se establecían los compromisos de pago para adquirir los llamados “contenedores inteligentes”.
La situación evidenció que se había modificado la propuesta aprobada por el Cabildo por parte de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, negando la administración municipal que ellos hubiesen solicitado dichas modificaciones.
Durante varias semanas de negociaciones se logró retomar la propuesta inicial enviada por el municipio y en la sesión del 26 de febrero, varios diputados señalaron en tribuna que se habían efectuado modificaciones, “ se alteraron documentos oficiales” dentro del congreso y solicitaron se efectuara una investigación, situación que aún no se sabe si se realizó y cuáles fueron sus resultados.
