El titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos, Miguel Ángel Urrutia, ha desvelado una preocupante situación en el sector de la seguridad privada Morelos. Se trata de 43 empresas que operaban sin permiso vigente en el estado, evidenciando una irregularidad heredada de la administración anterior.
El padrón heredado y la revisión de la SSPC
La actual administración estatal recibió un padrón que registraba un total de 183 empresas de seguridad privada. Tras una exhaustiva revisión de los expedientes de estas compañías, la SSPC constató que 43 de ellas no contaban con la autorización necesaria para prestar sus servicios en Morelos. Esta revelación, hecha pública por Urrutia, subraya la falta de supervisión previa.
Desde enero hasta julio de 2025, la SSPC ha intensificado sus labores de control. Durante este periodo, se han llevado a cabo 93 visitas en sitio. El objetivo de estas inspecciones ha sido verificar el cumplimiento de los requisitos y obligaciones indispensables para obtener o revalidar la autorización para operar como proveedor de servicios de seguridad privada en la entidad.
Acciones de supervisión y sanciones
Como resultado de estas revisiones, se han implementado medidas correctivas significativas. Miguel Ángel Urrutia aseguró que 25 empresas han sido multadas a través de un Procedimiento Administrativo Sancionador. Las multas se aplicaron específicamente por no haber presentado, o haberlo hecho de forma extemporánea, la póliza de fianza requerida para el cumplimiento de sus obligaciones, ya sea por uno o dos años.
El estatus actual de los permisos en Morelos
Al mes de agosto de 2025, la situación de las empresas de seguridad privada en Morelos muestra una normalización progresiva. Según puntualizó el encargado de la seguridad en el estado, actualmente se tienen registradas 134 empresas con autorización vigente o en proceso de revalidación. Esta cifra refleja el esfuerzo por regularizar el sector y garantizar que solo operen compañías que cumplan con la normativa establecida.
La situación expuesta por la SSPC de Morelos plantea interrogantes sobre la vigilancia y las responsabilidades previas en un sector tan crítico como el de la seguridad privada. ¿Qué implicaciones tiene esta operación irregular para la seguridad pública y qué garantías existen para que este tipo de anomalías no se repitan en el futuro?
