Desde 1995, el rescate bancario, conocido inicialmente como Fobaproa, ha generado un impacto fiscal monumental. El jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, revela el abultado costo para la nación y las millonarias deducciones bancarias. Esta investigación desvela las claves del debate fiscal en México.
La carga fiscal del rescate bancario y sus implicaciones
El Fobaproa, que posteriormente dio origen a los bonos IPAB, ha representado una erogación de 1.4 billones de pesos para las finanzas públicas desde su implementación en 1995. De este monto, los bancos han logrado deducir 290 mil millones de pesos, según informó Antonio Martínez Dagnino, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), al responder a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Esta cifra subraya la importancia de la medida propuesta por las autoridades hacendarias para acotar las deducciones que las instituciones bancarias pueden realizar de los bonos IPAB. El funcionario reiteró que, de ser eliminadas estas deducciones, la hacienda pública se beneficiaría con 10 mil millones de pesos adicionales cada año.
En este contexto, la presidenta ha cuestionado públicamente cómo Ricardo Salinas Pliego adquirió su televisora, ADN 40, y cuánto obtuvo del Fobaproa, lo que pone de manifiesto la persistente relevancia de este tema en la agenda pública y el interés por revisar los beneficios obtenidos por actores clave del sector privado.
Estrategias del SAT contra la evasión fiscal
Las propuestas contenidas en la miscelánea fiscal, presentadas por las autoridades hacendarias a los diputados, surgen de las observaciones diarias del SAT. Martínez Dagnino detalló que las empresas continúan utilizando «pérdidas fiscales inexistentes» para disminuir el pago del impuesto sobre la renta. Además, simulan gastos con el objetivo de reducir su base gravable y emplean documentos falsos para solicitar la devolución de un saldo a favor.
En línea con estas observaciones, la Secretaría de Hacienda también ha propuesto aumentar los impuestos a bancos, empresas refresqueras, apuestas en línea y videojuegos como parte del Paquete Económico 2026, buscando nuevas fuentes de ingresos y una distribución fiscal más equitativa.
Compromiso del SAT: austeridad y combate a la evasión
El jefe del SAT reafirmó el compromiso de la administración con la «austeridad republicana», la «disciplina financiera y fiscal». Enfatizó que «no va a haber condonación de impuestos a grandes contribuyentes» y que se mantendrá una lucha frontal contra la evasión fiscal. Asimismo, se continuará con la «simplificación de trámites más importante en la historia de México». Estas acciones buscan garantizar la justicia tributaria y fortalecer la recaudación.
El panorama económico: desafíos y movimientos clave
El contrabando de gasolinas, conocido como huachicol fiscal, ha generado un perjuicio estimado en 600 mil millones de pesos. Este tipo de actividades ilícitas, que representan una considerable fuga de recursos para el Estado, necesariamente involucran esquemas de delincuencia organizada.
Mientras tanto, en los mercados financieros, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ha logrado ganar terreno a pesar de las tensiones generadas por el posible cierre del gobierno estadounidense. Sin embargo, el peso mexicano registró una caída diaria del 0.31 por ciento frente a la moneda estadunidense, equivalente a 5.66 centavos, cerrando en 18.42 unidades por dólar spot.
En el sector bancario, Santander ha eliminado las comisiones en transferencias internacionales, una medida que ha sido «bien recibida por todos los usuarios que tienen negocios internacionales o familiares fuera de México». Gerardo Vargas Sandoval, director del área de divisas de Santander México, indicó que este tipo de operaciones han crecido «dos veces más respecto al volumen que se tenía previo al anuncio», reflejando una alta demanda por el servicio.
El debate sobre el Fobaproa y las deducciones bancarias no solo revela el costo histórico para el erario, sino que también subraya la urgencia de fortalecer la fiscalización y garantizar que todos los actores económicos cumplan con sus obligaciones tributarias. ¿Serán suficientes las medidas del SAT para cerrar la brecha fiscal y asegurar una hacienda pública más robusta?
