El Sistema Nacional de Fiscalización se ideó para coordinar esfuerzos y frenar la corrupción. Hoy, el control se recentraliza en la ASF.
En 2015, una reforma prometió revolucionar la forma en que se fiscalizan los recursos públicos en México. El Sistema Nacional de Fiscalización (SNF) era la apuesta para lograr una vigilancia más eficiente, descentralizada y técnica. Pero diez años después, el modelo parece haber sido relegado. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha retomado el control total, desplazando a los órganos estatales y dejando preguntas abiertas sobre transparencia, eficiencia y, sobre todo, autonomía.
¿Qué es el Sistema Nacional de Fiscalización?
Un esfuerzo conjunto que no cuajó
El SNF nació como una pieza clave del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), con el objetivo de coordinar a todas las instituciones que auditan y fiscalizan el uso de recursos públicos: ASF, Secretarías estatales de la Contraloría, Entidades de Fiscalización Superior de los Estados (EFSL) y la Secretaría de la Función Pública (hoy Secretaría de la Función Pública y Buen Gobierno). La idea era simple: evitar duplicidades, compartir metodologías y blindar a la fiscalización de presiones políticas.
Sin embargo, en la práctica, el SNF nunca se consolidó como un sistema operativo y autónomo. Aunque existen convenios, comités y lineamientos, el sistema ha funcionado más como un espacio de interlocución que como una red efectiva de fiscalización coordinada.
La ASF, de colaboradora a fiscalizadora única
El giro de 2020: ruptura y centralización
Desde 2005, la ASF había delegado buena parte de sus tareas en las EFSL para revisar los recursos federales transferidos a estados y municipios. Esto permitía aprovechar capacidades locales y compartir cargas de trabajo. Pero en 2020, bajo la actual gestión, la ASF canceló los convenios de colaboración, absorbiendo por completo la responsabilidad de auditar las participaciones federales. Esta decisión se justificó como una estrategia de eficiencia, pero también encendió alertas sobre el riesgo de recentralización autoritaria.
2024: ¿regreso a la coordinación?
En un movimiento sorpresivo, en 2024 la ASF anunció la firma de 26 nuevos convenios con EFSL. Pero hay un detalle inquietante: estos acuerdos no han sido publicados, por lo que se desconoce su alcance, criterios o mecanismos de control. ¿Vuelve la coordinación o se trata solo de una simulación de apertura?
Las cifras de la fiscalización: montos y omisiones
Cuatro billones de pesos bajo la lupa
De acuerdo con datos oficiales, en los últimos cuatro años la ASF ha auditado casi cuatro billones de pesos en participaciones federales. De ese universo, se detectaron observaciones por 42,194 millones de pesos, principalmente por:
- Gastos sin comprobación
- Desvío de recursos hacia fines no autorizados
- Pagos indebidos o en exceso
¿Dónde están las sanciones?
Lo más preocupante no es solo el monto observado, sino la ausencia de consecuencias penales. De 2017 a 2023, la ASF solo ha presentado 16 denuncias penales, y ninguna de ellas corresponde a irregularidades en participaciones federales. La mayoría siguen en “seguimiento” o en procesos internos.
El dilema político: control técnico vs. poder central
¿Fiscalización o presión?
La concentración de funciones en la ASF podría interpretarse como una búsqueda de profesionalización. Pero también puede ser vista como una herramienta para presionar políticamente a gobiernos estatales, especialmente cuando sus titulares enfrentan investigaciones o son de signo político distinto al del gobierno federal.
En palabras de una excontralora estatal del sureste:
“Lo preocupante no es que fiscalice la ASF, sino que lo haga sin contrapesos, sin rendir cuentas claras y con criterios que no conocemos”.
¿Qué pasa con los órganos estatales?
Sin autonomía, sin dientes
Las EFSL fueron concebidas como piezas fundamentales del SNF. Pero su autonomía es relativa: en muchos estados, sus titulares son nombrados por los congresos locales bajo el influjo del gobernador en turno. Esto ha derivado en órganos débiles, sin capacidad técnica ni independencia política.
En 2015, la reforma constitucional pretendía revertir eso, dando más fuerza a la ASF y planteando una coordinación real. Pero sin convenios activos y sin voluntad política, el modelo volvió a centralizarse, debilitando aún más a las EFSL.
Las reformas que no aterrizan
El SNA y el SNF: promesas incumplidas
El Sistema Nacional Anticorrupción, del cual el SNF es parte, ha tenido una ejecución errática. A ocho años de su creación, sigue sin presidente del Comité Coordinador, con vacíos legales y sin un sistema nacional de denuncias funcional. Esto impacta directamente en la capacidad de fiscalizar con efectividad.
La ASF, por su parte, sigue operando con marcos legales previos a las nuevas tecnologías y con procesos burocráticos que limitan su alcance. Y aunque ha modernizado herramientas, la falta de transparencia en sus nuevos convenios pone en duda su verdadera intención.
¿Qué dicen los expertos?
“No se puede hablar de un sistema nacional de fiscalización cuando la ASF actúa sola y sin rendición de cuentas. Se requiere control ciudadano y apertura”, advierte un investigador del CIDE.
Para organizaciones como México Evalúa y Fundar, el problema no es solo la concentración, sino la opacidad. Las auditorías deben derivar en sanciones y cambios, no solo en informes que se quedan en papel.
El futuro de la fiscalización en México
La concentración de facultades en la Auditoría Superior de la Federación puede representar una oportunidad para estandarizar procesos y combatir la corrupción. Pero si no se acompaña de transparencia, rendición de cuentas y colaboración efectiva con los estados, podría derivar en un sistema autoritario que use la fiscalización como arma política.
En un país donde la corrupción sigue siendo uno de los principales males, el SNF debería fortalecerse como una red de control plural, profesional y ciudadana. Hoy, en cambio, el mensaje es otro: más centralización, menos coordinación, y muchas dudas sin resolver.
