Redacción/CARIBE PENINSULAR
CANCÚN.— En menos de un mes, el fiscal general del estado, Raciel López Salazar, logró colocar a tres perfiles de su círculo de confianza en los mandos de seguridad de los tres municipios turísticos más importantes de Quintana Roo: Benito Juárez (Cancún), Playa del Carmen y Tulum.
Se trata de los chiapanecos Jaime Padilla Barrientos, Carlos Alberto Montesinos García y Edgar Aguilar Rico, con vínculos previos con López Salazar en cargos de procuración de justicia y seguridad pública en Chiapas y Puebla,
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En Cancún, el 16 de julio, el Cabildo aprobó por unanimidad la designación de Jaime Padilla Barrientos como secretario de Seguridad Ciudadana y Tránsito. Militar retirado con más de 30 años de experiencia, Padilla trabajó bajo las órdenes de López Salazar en la Fiscalía de Chiapas y en la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla.
En Playa del Carmen, el 1 de agosto, Carlos Alberto Montesinos García asumió la Secretaría de Seguridad Ciudadana tras la renuncia de Raúl Tassinari. Montesinos fue fiscal de distrito en Chiapas durante la gestión de López Salazar como procurador y colaboró con él en Puebla como director de Inteligencia e Investigación.
En Tulum, desde el 2 de julio, Edgar Aguilar Rico ocupa la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Aunque no hay registro de colaboración directa en Chiapas o Puebla, su perfil técnico y origen chiapaneco lo ubican dentro de la red de lealtades políticas que respalda el fiscal.
¿Quién es quién?

Cancún: Jaime Padilla Barrientos
Nombramiento: 16 de julio de 2025 como secretario de Seguridad Ciudadana y Tránsito, aprobado por unanimidad del Cabildo.
Formación: Licenciado en Derecho por la Universidad del Sur de México (Tuxtla Gutiérrez, Chiapas). Especialización en Criminalística y maestría en Sistema Penal Acusatorio.
Trayectoria:
Militar retirado (Sedena) con más de 30 años de experiencia en inteligencia y operaciones estratégicas.
Jefe de grupo en la Fiscalía General de Chiapas bajo la gestión de López Salazar.
Director de grupos especiales en la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, también con López Salazar como superior.
Policía de investigación en la FGE de Quintana Roo los últimos dos años.

Playa del Carmen: Carlos Alberto Montesinos García
Nombramiento: 1 de agosto de 2025 como secretario de Seguridad Ciudadana, en sustitución de Raúl Tassinari González.
Formación: Especialista en procuración de justicia y seguridad pública, con carrera en ministerios públicos estatales y federales.
Trayectoria:
Fiscal de Distrito Centro y Zona Norte en la FGE de Quintana Roo.
Fiscal en jefe de la delegación estatal de la FGR en Quintana Roo.
Fiscal de Distrito Costa y Fronterizo Sierra en Chiapas, bajo el mando de López Salazar como procurador.
Director General de Inteligencia e Investigación en la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, cuando López Salazar era titular de la dependencia.
Vicefiscal de la zona norte de Quintana Roo y coordinador de investigación.

Tulum: Edgar Aguilar Rico
Nombramiento: 2 de julio de 2025 como secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, aprobado por unanimidad del Cabildo.
Formación: Licenciatura en Administración; Maestría en Administración Pública; estudios en Derecho con especialidad en Proceso Penal Acusatorio; estudios en Seguridad Pública.
Trayectoria:
Jefe de Unidad de Investigación Criminal, Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas (2011-2012).
Inspector General y jefe de Unidad de Análisis Táctico, Policía Estatal Fuerza Ciudadana (2012-2014, 2019-2022).
Coordinador del Sistema de Emergencias 911 (C4i) en Chiapas (2014-2015).
Director de Seguridad Pública Municipal y Director de Tránsito Municipal en Tuxtla Gutiérrez (2016-2018).
Comandante encargado de patrulleros, Policía Estatal Preventiva (2022-2025).
Raciel López, el PVEM y Manuel Velazco

Raciel López Salazar inició su carrera como servidor público en Chiapas, ocupando cargos en la extinta Procuraduría General de Justicia (PGJE), como subdelegado de Averiguaciones Previas, coordinador de delegaciones de la PGR, encargado de la Fiscalía Especializada en Delitos de Propiedad Intelectual y finalmente como Procurador General de Justicia del Estado desde enero de 2009. En 2017, con la reforma judicial, fue ratificado como Fiscal General de Chiapas, manteniéndose al frente hasta su renuncia en diciembre de 2018, bajo los gobiernos de Juan Sabines Guerrero primero y luego Manuel Velasco Coello.
Durante su militancia en el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), López Salazar fue precandidato a diputado local en Chiapas en 2012 y, en 2015, electo diputado federal por plurinominales bajo la bandera del PVEM. No obstante, solicitó licencia para regresar a su cargo como fiscal en Chiapas. Su paso por la militancia verde fue clave para su conexión política con Manuel Velasco, gobernador emanado del PVEM entre 2012 y 2018, quien lo ratificó como titular de la Fiscalía estatal tras llegar al poder en diciembre de 2012. Posteriormente dejó el PVEM y fue candidato por Morena en comicios posteriores.
La cercanía institucional con Manuel Velasco Coello fue decisiva en su consolidación como figura clave en el sistema de procuración de justicia en Chiapas: Velasco lo respaldó como fiscal durante toda su administración, dándole continuidad tras la reforma constitucional que convirtió la Procuraduría en Fiscalía estatal. Ambos formaron parte del proyecto político del PVEM en la región, lo que facilitó el ascenso de López Salazar desde la Fiscalía local hasta posiciones en Puebla y luego en Quintana Roo como delegado federal y finalmente como fiscal estatal con mandato extendido (hasta 2036)
Una red de control institucional
La llegada de estos tres mandos chiapanecos a las secretarías de seguridad de Cancún, Playa del Carmen y Tulum es vista como parte de una estrategia de Raciel López Salazar para consolidar su influencia sobre la operación policial en la zona norte de Quintana Roo.
Dos de ellos —Padilla y Montesinos— trabajaron directamente bajo su mando en Chiapas y Puebla; el tercero, Aguilar Rico, comparte origen y cercanía política con el fiscal.
En conjunto, controlan las corporaciones de seguridad en los tres municipios que concentran la mayor actividad turística, económica y delictiva del estado, fortaleciendo la coordinación operativa alineada con la Fiscalía General del Estado.