Un giro fiscal sin precedentes impacta las finanzas nacionales. Por primera vez en la historia de México, el Estado dejará de percibir beneficios de la renta petrolera. Ahora, bajo la administración de Claudia Sheinbaum, cada ciudadano deberá aportar financiación de Pemex por impuestos directos para sostener a la petrolera en 2026. Este hecho marca un deterioro histórico de los ingresos públicos.
El cambio de paradigma: De beneficio a carga fiscal
Por primera vez en la historia del país, y específicamente durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, los ciudadanos no recibirán beneficios fiscales provenientes de la renta petrolera. En un movimiento que altera las bases financieras nacionales, Petróleos Mexicanos (Pemex) se convertirá en una carga directa para el erario público.
De acuerdo con un análisis exhaustivo realizado por la organización México Evalúa, este escenario representa un deterioro sin precedentes en los ingresos netos por persona que el gobierno federal obtiene de la renta petrolera. Este indicador refleja cómo la empresa estatal ha pasado de ser un motor económico a establecerse como un costo permanente y creciente para las finanzas públicas.
La contribución obligatoria de 230 pesos
El estudio de México Evalúa revela la magnitud del compromiso fiscal que deberán asumir los ciudadanos. A partir de 2026, cada habitante deberá contribuir con 230 pesos de sus impuestos personales para sostener financieramente a Pemex.
Esta cifra se destinará directamente a las finanzas de la compañía. Se advierte que el pago será obligatorio para todos los ciudadanos, marcando el fin de los beneficios fiscales históricos. En síntesis, la empresa pasó de ser una fuente clave de ingresos públicos a una carga fiscal creciente.
El derrumbe histórico de la renta petrolera
El informe, elaborado a partir de datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Cuenta Pública, muestra con claridad la magnitud del declive. La caída registrada en los ingresos netos por persona que el gobierno obtiene de la renta petrolera alcanza casi el 98% en un periodo de 16 años, un dato clave que explica la necesidad de financiación de Pemex por impuestos.
La comparación histórica es dramática:
- En 2008, Pemex aportaba 17,826 pesos por persona.
- En 2024, la aportación se desplomó a solo 224 pesos, lo que equivale a una caída del 98%.
Las cifras de los años inmediatamente anteriores también ilustran esta tendencia a la baja, demostrando que la empresa se convirtió en un costo permanente. En comparación, los aportes por persona fueron de:
- 4,120 pesos en 2022.
- 1,432 pesos en 2023.
Aunque para 2025 se prevé una leve recuperación en la renta petrolera anual hasta 898 pesos, esta cifra sigue siendo muy inferior a los niveles que históricamente permitían financiar el gasto social.
Impacto en los derechos fundamentales
Jorge Cano, coordinador del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, señaló que esta drástica pérdida de renta petrolera reduce directamente la capacidad del Estado para garantizar derechos fundamentales.
Cano explicó que este deterioro significa tener menos recursos para financiar derechos, ya sea en salud, educación, seguridad o cuidados.
El especialista recordó que, durante los años de bonanza, la renta petrolera fue una fuente clave de bienestar colectivo. «Si lo vemos en términos per cápita, en 2008 cada mexicano recibió alrededor de 17,826 pesos de Pemex para financiar servicios como salud o educación», añadió. Este giro en las finanzas plantea, por tanto, un desafío estructural para la capacidad del gobierno de mantener su política social.
La transición de Pemex de motor de ingresos a peso muerto fiscal plantea un dilema existencial para la política social del país. La ciudadanía deberá asumir el costo de sostener a la petrolera nacional. ¿Está preparado el gobierno de Claudia Sheinbaum para enfrentar las consecuencias políticas y sociales de este inédito giro fiscal?
