Mario A. Millán Cabrera/NOTICARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.— De acuerdo con el decreto de la XVII Legislatura del Congreso del Estado que puso fin a la era de “Aguakan” en Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad, todavía no hay certeza o seguridad de quién se hará cargo de la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, drenaje y saneamiento de aguas residuales a partir del 1 de enero de 2024 en esos cuatro municipios de la zona norte, luego de abrogarse el decreto del 11 de diciembre de 2014 que autorizaba la operación de la citada empresa por otros 30 años, es decir, hasta el 2054.
El diputado Humberto Aldana Navarro, líder de la bancada morenista, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVII Legislatura y presidente de la Comisión Transitoria Especial para el caso Aguakan, prácticamente se convirtió en el verdugo de la empresa y de los funcionarios que participaron en la negociación para que la Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A. de C. V. obtuviera el nuevo contrato.
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En los siguientes días, el gobierno del Estado deberá decidir y analizar qué empresa con mayor capacidad técnica y financiera actual pudiera prestar el servicio concesionado, así como para revisar el modelo financiera y cláusulas aplicables en caso de controversia.
Lo anterior quiere decir que el gobierno, con el aval del Congreso del Estado, podría licitar nuevamente la concesión del servicio y, por otro, hacerse cargo del mismo por medio de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado; sin embargo, el decreto de la legislatura actual no especifica si la empresa Aguakan puede o no participar en la licitación de la concesión.
Lo que sí quedó claro, es que Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A. de C. V. tiene en su haber un sinnúmero de denuncias ante Profeco y la Procuraduría del Medio Ambiente por cobros indebidos y daños provocados por descargas residuales, afectando incluso la salud de la población.
—LOS GRANDES RESPONSABLES DE LA IRREGULAR CONCESIÓN A AGUAKAN—
El ex gobernador Roberto Borge Angulo y el entonces diputado presidente de la XIV Legislatura del Congreso del Estado, José Luis Toledo Medina, fueron los grandes protagonistas de la pretendida permanencia de la empresa Desarrollos Hidráulicos de Cancún S. A. de C. V., también conocida como Aguakan, en los municipios de Benito Juárez, Isla Mujeres, Puerto Morelos y Solidaridad.
José Luis Toledo Medina “Chanito” era el brazo derecho de Roberto Borge en la legislatura, o por lo menos lo fue entre 2013 y 2015 cuando ocupó la presidencia de la entones Gran Comisión, hoy Jugocopo; ya luego le siguió Pedro Flota Alcocer.
En 2014, al priista Toledo le tocó “cocinar” la reforma al decreto original del título de concesión de 1993 que otorgaba el servicio de agua potable y alcantarillado, drenaje y saneamiento a Desarrollos Hidráulicos de Cancún para poder operar en Cancún e Isla Mujeres.
Sin el análisis suficiente ni los estudios adecuados para conocer si Aguakan tendría capacidad a futuro para continuar prestando el servicio, la mayoría priista encabezada por Toledo Medina en la XIV legislatura, aprobó de manera anticipada, es decir, nueve años antes de fenecer el plazo de la concesión (31 de diciembre de 2023), un nuevo contrato por 30 años más; sin embargo, ni Borge ni Toledo se imaginaron que esa autorización pudiera ser abrogada, como ya sucedió, por una legislatura ajena a los colores de la corrupción de antaño.
Pero además de Borge y Chanito, estarían bajo investigación de la Comisión Especial que encabeza el diputado morenista Humberto Aldana Navarro, el entonces director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado, José Alberto Alonso Ovando, actual titular de la Agencia de Proyectos Estratégicos de Quintana Roo y el ex secretario de Hacienda, Juan Pablo Guillermo Molina, toda vez que no hay rastro de los 1,050 millones de pesos que desembolsó Aguakan como contraprestación por la irregular y alterada concesión otorgada.
Aguakan y el gobierno borgista alteraron el decreto de la XIV legislatura a pocos días de que fuera aprobado y le incrustaron dos cláusulas, de tal manera que solamente un tribunal internacional pudiera intervenir en caso de controversia, haciendo a un lado las leyes estatales.
En este embrollo organizado desde la XVI Legislatura participaron los diputados priistas Arlet Mólgora Glover, Maritza Medina Díaz, Juan Manuel Herrera, José Ángel Chacón Arcos, Filiberto Martínez Méndez, José Luis Toledo Medina, Mario Machuca Sánchez, Marcia Alicia Fernández Piña, Jesús Pool Moo, Berenice Polanco Córdova, Susana Hurtado Vallejo, Juan Carrillo Soberanis, Marybel Villegas Canché, Pedro Flota Alcocer, Cora Amalia Castilla Madrid y Martín de la Cruz Gómez.
Igual estuvieron los panistas Perla Cecilia Tun, Sergio Bolio Rosado y Trinidad García Arguelles; los del Partido Verde, Remberto Estrada Barba y Pablo Fernández Lemmen Meyer; por el PT, Hernán Villatoro; por el PRD, Jorge Aguilar Osorio; por Nueva Alianza, Emilio Jiménez Ancona, y por Movimiento Ciudadano, Luis Roldan Carrillo.
A todos ellos se les atribuye el “análisis” y aprobación del abrogado decreto 250 que ampliaba a 30 años más la concesión a Aguakan; lo hicieron nueve años antes de que concluyera el primer contrato de concesión.
