Filtraciones en la Femdo: la red millonaria que compró el silencio de la FGR

La filtración de millones de pesos a cambio de paralizar la justicia evidencia que el crimen organizado no solo opera en las calles, sino que logró penetrar y corromper las esferas de poder encargadas de combatirlo. ¿Qué tan extendida está esta red de filtraciones en las estructuras de la Fiscalía y quién más se benefició de la impunidad comprada en los pasillos del poder?
Filtraciones en la Femdo: la red millonaria que compró el silencio de la FGR

El periodismo de investigación ha destapado una de las tramas de corrupción más graves dentro de la estructura de la justicia mexicana, enfocada en la Fiscalía General de la República (FGR). Un empresario con vínculos con el crimen organizado pagó millones a cambio de información sensible para evadir la acción penal. Este escándalo revela la fragilidad de las instituciones y la magnitud de la corrupción FGR México.

El empresario y el pacto millonario para evadir la justicia

Raúl Rocha Cantú, un empresario regiomontano reconocido también como copropietario de Miss Universo, efectuó pagos por “millones de pesos” a cambio de obtener información privilegiada de las investigaciones que la Fiscalía General de la República (FGR) realizaba en su contra.

El objetivo central de estos sobornos era:

  •  Conocer el avance de la información que obtenía la FGR.
  •  Evitar que sus negocios fueran cateados.
  •  Detener las investigaciones dirigidas contra los miembros de la organización a la que estaba vinculado.

Esta organización criminal está dedicada al tráfico de armas, al trasiego de hidrocarburos, a la venta de droga y al apoderamiento ilegal de inmuebles en diversas entidades del país, según consta en documentos judiciales.

Cronología de la investigación y el criterio de oportunidad

El entramado de corrupción y delincuencia se asienta en la causa penal 494/2025. Esta causa permitió a un juzgado en Querétaro librar una orden de captura contra los líderes de este grupo delictivo, incluyendo al propio Rocha Cantú.

Es relevante destacar que Rocha Cantú obtuvo un criterio de oportunidad, convirtiéndose en testigo colaborador de la FGR. Este acuerdo se concretó durante la gestión de Alejandro Gertz Manero, quien, según la información disponible, dejó su cargo en noviembre pasado.

La indagatoria que dio origen a la causa penal fue integrada en la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (Femdo). La investigación fue respaldada por:

  •  Intervenciones telefónicas.
  •  Dictámenes periciales.
  •  Seguimiento de operaciones delictivas.
  •  Recopilación de datos en equipos de cómputo y casas de seguridad.

En las labores participaron activamente elementos de la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

La primera denuncia que puso en marcha la investigación fue presentada de manera anónima el 29 de noviembre de 2024, dando origen a la carpeta de investigación FGR/FEMDO/VUA/2447/2024. Las intervenciones telefónicas permitieron identificar a Rocha Cantú como miembro de la organización desde el 15 de diciembre de 2024.

La mecánica de la filtración interna

Según los datos de la FGR, el empresario Rocha Cantú era un miembro director de la organización investigada, cuya función era inyectar capital para la importación de combustible proveniente de Guatemala y Estados Unidos.

Los indicios presentados ante el juez Rodrigo Robles Salazar, quien finalmente emitió la orden de captura, detallan la cadena de corrupción:

  • Rocha Cantú pagó “millones de pesos” a Jacobo Reyes León, identificado como El Lic.
  • El Lic actuaba como intermediario para conseguir información privilegiada directamente desde la Femdo y filtrársela al empresario.

La operación del huachicol y el tráfico de armas

Las investigaciones revelaron que el combustible robado de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como los hidrocarburos ingresados ilegalmente a territorio mexicano desde Estados Unidos o Guatemala, eran comercializados en las gasolinerías propiedad de Raúl Rocha Cantú.

Las ganancias ilícitas eran administradas y transferidas a cuentas bancarias por un hombre identificado como Daniel Roldán Morales, conocido como El Inge.

Los documentos judiciales, de los cuales La Jornada posee copia, detallan las funciones operativas de los involucrados:

  •  Daniel Roldán Morales (El Inge):
  •  Viaja a Guatemala para negociar el precio del combustible.
  •  Interna el hidrocarburo en ocasiones personalmente en bidones (pipas) de 25 mil litros.
  •  Recibe los recursos generados por la venta del combustible.
  •  Se encarga de la administración y logística de los inmuebles conocidos como «La Espuela» y «El Patio», donde se almacenan y alteran los hidrocarburos mediante trasvase y mezclas.
  •  Controla las empresas factureras y es el intermediario con la empresa Tabasco Capital.
  •  Jacobo Reyes León (El Lic) y El Inge:
  •  Ambos reciben y redireccionan los recursos obtenidos ilícitamente por el posicionamiento de licencias de portación para armas de fuego.
  •  Utilizan empresas de seguridad operadas por ellos en distintas entidades, las cuales se encuentran bajo investigación.

Otros puntos clave de la agenda política nacional

En el marco de otros sucesos de la política pública, se publicaron acuerdos relevantes y se emitieron declaraciones de la presidenta de la República.

Recientemente se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley General de Aguas, obligando a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a realizar una estrategia para combatir el acaparamiento. Dicha Estrategia Nacional será elaborada por Conagua en colaboración con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente. La estrategia tendrá un enfoque sistémico, incluyendo un diagnóstico y evaluación de las acciones puestas en marcha en el país.

En su conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre las concesiones de agua entregadas a la familia LeBarón por Alex LeBarón, cuando fungía como delegado de Conagua en Chihuahua. La mandataria afirmó que este es “un problema de un uso poco eficiente del agua y de acaparamiento en la zona”, enmarcando el caso LeBarón como parte de los privilegios del pasado.

Finalmente, se publicó un acuerdo para difundir la lista de personas que pueden fungir como peritos. Esta lista debe ser publicada en el DOF, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como en el portal del Órgano de Administración Judicial, tanto en internet como en intranet.

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