
En el corazón de una transformación histórica del Poder Judicial mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ejecutó un movimiento financiero y político sin precedentes: la liquidación de sus fideicomisos. Un año y medio después del decreto inicial, más de 6.6 mil millones de pesos fueron transferidos a la Tesorería de la Federación (Tesofe), cerrando un capítulo clave de la disputa entre poderes.
Contexto político: la extinción postergada
Un largo litigio de resistencias jurídicas
Desde octubre de 2023, la extinción de los fideicomisos judiciales había quedado en suspenso debido a amparos promovidos por jueces federales. La reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial buscaba suprimir estos fondos, pero los recursos legales interpuestos por el propio sistema judicial evitaron su ejecución inmediata.
Reforma constitucional: el punto de quiebre
El 15 de septiembre de 2024, la publicación de la reforma constitucional en materia de Poder Judicial marcó un antes y un después. Bajo el principio de supremacía constitucional, los jueces debieron revocar las suspensiones, allanando el camino para la liquidación definitiva. A partir de entonces, no había retorno: los fondos serían devueltos a la Federación.
¿Qué fideicomisos fueron liquidados?
Desglose de los fondos eliminados
Los cinco fideicomisos liquidados tenían objetivos diversos, pero todos relacionados con el funcionamiento interno del Poder Judicial. A continuación, el listado:
- Pensiones Complementarias para Mandos Superiores, incluyendo ministros.
- Pensiones Complementarias para M.M. y P.O., referidas a mandos medios y personal operativo.
- Plan de Prestaciones Médicas, con beneficios de salud.
- Manejo del Producto de la Venta de Publicaciones, CD’s y Otros Proyectos.
- Remanentes Presupuestales, una bolsa de recursos no ejercidos.
¿Dónde estaba el dinero?
Todos los fideicomisos estaban constituidos en Nacional Financiera (Nafin), entidad fiduciaria que notificó formalmente la conclusión de su liquidación el 3 de abril de 2025.
Implicaciones económicas: ¿dónde quedaron los 6.6 mmdp?
Del fideicomiso al erario: ¿qué significa “Aprovechamientos”?
El total transferido asciende a 6 mil 652 millones 477 mil 69.66 pesos, que ahora forman parte de los “Aprovechamientos” de la Tesorería de la Federación. En otras palabras, el dinero ya puede ser usado por el Ejecutivo federal sin etiquetado específico, lo que abre debates sobre su destino y transparencia.
Rendimientos financieros: el crecimiento marginal del fondo
Durante el periodo en que permanecieron congelados, los fideicomisos generaron rendimientos por aproximadamente 159 millones de pesos, según el informe de la ministra presidenta Norma Piña publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Análisis desde el sureste: ¿cómo impacta en la región?
Ecos en el Caribe Mexicano
Aunque los fondos estaban centralizados, su existencia y extinción representan una señal de alerta para otras estructuras similares en el sistema federal. En estados como Quintana Roo, donde los poderes judiciales locales también manejan fideicomisos, se ha abierto un espacio para el debate legislativo y ciudadano.
Justicia y percepción pública
En una región con altos niveles de desigualdad, como lo es el sureste mexicano, la existencia de fideicomisos opacos para prestaciones complementarias resulta difícil de justificar. Esta liquidación puede ser leída como un triunfo simbólico contra los privilegios judiciales, especialmente en contextos donde la justicia tarda o no llega.
El papel de Norma Piña y la Corte
De la resistencia a la ejecución
Norma Piña, primera mujer en presidir la SCJN, enfrentó una presión política y pública sin precedentes. Aunque en principio su posición fue de defensa institucional, terminó acatando el mandato constitucional sin titubeos, cerrando los fideicomisos con apego al decreto.
Transparencia y legalidad
Con este paso, la Corte busca limpiar su imagen y reafirmar su apego a la legalidad. La publicación de saldos y movimientos en el DOF añade un grado de rendición de cuentas, aunque sectores críticos exigen auditorías más profundas.
¿Acto de justicia o jugada política?
La extinción de los fideicomisos del Poder Judicial no es sólo una operación financiera: es un mensaje político. Es una batalla ganada por el Ejecutivo federal, sí, pero también una señal de que el sistema judicial no es intocable.
Más allá de la transferencia de recursos, el episodio abre preguntas urgentes: ¿cómo se blindará el uso de esos fondos? ¿Qué sigue para los privilegios judiciales en otros niveles de gobierno? ¿Será esto el inicio de una nueva relación entre poderes?