
El silencio de la sierra colimense fue roto por un hallazgo espeluznante: un rancho, fosas clandestinas y los restos de 42 personas. El caso, derivado de la desaparición de dos activistas, revela una estructura criminal que opera entre fronteras estatales y una violencia que no da tregua.
Rancho El Guamuchil: 42 víctimas en tierra de nadie
Ubicado en el municipio de Ixtlahuacán, Colima, el rancho El Guamuchil se ha convertido en un símbolo del horror: un terreno de 42 hectáreas que resguarda indicios de una práctica sistemática de desaparición forzada y exterminio.
Fosas clandestinas, cuerpos calcinados y control criminal
Los peritos de la Fiscalía General de la República (FGR) confirmaron que los restos humanos pertenecen a 42 personas, en su mayoría hombres de entre 25 y 39 años, originarios de otras entidades, presumiblemente Michoacán. Apenas tres han sido identificados.
Más del 40% de los restos fueron sometidos a exposición térmica, con probables químicos, aunque aún no se precisa el método exacto. El resto son esqueletos enterrados, con una antigüedad de tres a cuatro años. Esto indica que la violencia no es reciente, sino constante.
CJNG y Cártel de Sinaloa: narcofosas como huella de guerra
Según el reporte oficial, los cuerpos enterrados corresponderían a ejecuciones del Cártel de Sinaloa, y los quemados serían obra del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que actualmente domina la zona. La presencia de restos no humanos, posiblemente usados para encubrir los crímenes, habla de una logística criminal pensada para borrar identidades y pruebas.
Activistas desaparecidos abrieron la tierra
Este caso no surgió de un operativo rutinario ni de una denuncia anónima. Fue el resultado de una investigación iniciada por la desaparición de dos líderes sociales, que luchaban por la defensa del territorio.
Ricardo Arturo y Antonio Díaz: la causa que escarbó el terror
El 15 de enero de 2023, el abogado Ricardo Arturo Lagunes Gasca y el profesor Antonio Díaz Valencia desaparecieron tras salir de una asamblea comunal en Coahuayana, Michoacán, donde abordaron la actividad minera en la región. De acuerdo con las indagatorias, fueron privados de la libertad en Cerro de Ortega, en el municipio colimense de Tecomán, cuando se dirigían a la capital del estado.
El caso detonó una búsqueda con rostro político
Ambos activistas representaban intereses comunitarios que incomodaban a grupos criminales y empresariales. La carpeta FED/FEMDH/FEIDDF-COL/0000033/2023, abierta por la FGR, condujo a la localización del rancho El Guamuchil, el cual fue asegurado por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada.
El horror en 42 hectáreas: tierra de exterminio
Un terreno sellado por la impunidad
El predio está totalmente cercado y resguardado. En cada acceso hay lonas blancas que informan de su aseguramiento. Lo que antes fue una propiedad agrícola, ahora es un símbolo de la crisis humanitaria que vive México, con más de 114 mil personas desaparecidas.
Perfiles y patrones de desaparición
La coincidencia en el rango de edad, el sexo masculino y el origen foráneo de las víctimas sugiere que fueron personas trasladadas con violencia desde otros estados, quizá usadas como mensajeros, halcones o mano de obra forzada, antes de ser eliminadas.
Tres detenidos y un largo camino hacia la justicia
Las investigaciones han llevado a la detención de al menos tres personas, entre ellas Óscar Fernando “N”, capturado en una brecha de Ixtlahuacán y señalado como presunto responsable de la desaparición de los activistas. La Fiscalía General del Estado confirmó su aprehensión el 8 de febrero.
Colima, Michoacán y Jalisco: un triángulo de fuego
El rancho El Guamuchil se localiza en un punto estratégico, a solo 60 km de la capital colimense, y justo en la franja limítrofe con Michoacán y Jalisco. Esta triple frontera criminal facilita el movimiento de grupos armados, el ocultamiento de víctimas y la fragmentación de responsabilidades.
La violencia como paisaje: contexto y consecuencias
Este hallazgo no solo reafirma la capacidad destructiva de los cárteles del narcotráfico, sino también la lentitud institucional para responder ante desapariciones, incluso cuando involucran a actores políticos o comunitarios.
Del silencio a la verdad: el papel de las familias y colectivos
Sin la presión ejercida por familiares, colectivos de búsqueda y organizaciones civiles, este hallazgo habría quedado enterrado, como tantos otros. La búsqueda de los activistas abrió un expediente que terminó revelando una estructura de exterminio organizada.
¿Y ahora qué sigue?
- Identificar al resto de las víctimas
- Determinar responsabilidades penales
- Ampliar la investigación en la zona limítrofe
- Coordinar esfuerzos entre fiscalías estatales y federales
- Garantizar protección a familiares y defensores
El país de las fosas y la verdad pendiente
El hallazgo de 42 cuerpos en El Guamuchil no es un caso aislado. Es una prueba más del país de las fosas clandestinas que se ha ido construyendo ante la mirada indiferente o colapsada de las instituciones. La narrativa no puede seguir enfocada solo en cifras: cada cuerpo tiene una historia, una familia, un nombre por recuperar.
Mientras tanto, en Colima, la tierra sigue hablando. Y lo que dice, estremece.