Redacción/CARIBE PENINSULAR
PLAYA DEL CARMEN.-El plagio del empresario petrolero Luis Carlos Vizcarra Millán por un grupo armado, ocurrido el 20 de noviembre último en esta ciudad, ha puesto en evidencia a la Fiscalía de Quintana Roo por entorpecer el esclarecimiento de transferencias bancarias por al menos 360 millones de pesos de las cuentas de la víctima, operaciones efectuadas desde Playa del Carmen por una presunta célula del crimen organizado.
Vizcarra Millán, tamaulipeco que obtuvo contratos millonarios de Pemex durante el sexenio de López Obrador, vía la firma Perfolat de México, fue privado de su libertad en el exclusivo fraccionamiento Allegranza de esta ciudad, donde residía, con un bajo perfil, junto a su familia.
La unidad marca Honda fue encontrada después en la colonia Villas Otoch, de esa ciudad, cerca del centro de retención municipal conocido como “El Torito”, refiere el acta de denuncia presentada por la familia.
Desde entonces no se ha sabido del paradero de Luis Carlos Vizcarra Millán y su pareja.
Investigación entorpecida
Durante la mañana del 26 de noviembre la familia de Vizcarra Millán tuvo el primer indicio de lo que horas después se confirmó: la desaparición del empresario.
Sin embargo, con esto también se iniciaría el entorpecimiento de la investigación criminal por parte de la fiscalía estatal.
En la averiguación penal no sólo se busca esclarecer el paradero de las víctimas, sino el destino de más de 360 millones de pesos transferidos a 10 sociedades ajenas al plagiado.
Un reporte de la policía de Cancún indicó el hallazgo de la camioneta Honda con un número de teléfono en el interior, el cual fue utilizado para comunicarse con la familia. Esa fue una de tantas irregularidades, pues nunca se exhibió el número encontrado en la unidad.
De acuerdo con sospechas de familiares asentadas en documentos ministeriales de la FGR, la Fiscalía de Quintana Roo ya contaba con tal número.
Ese 26 de noviembre los familiares acudieron a la casa del empresario luego de un mensaje de los vecinos señalando las puertas abiertas de la vivienda. Los familiares aún no sabían que había ocurrido el plagio.
Descubrieron a los hijos menores encerrados en una recamara, quienes relataron parte del terror vivido. A partir de lo narrado, se confirmó la desaparición del empresario y su pareja.
Ambos, tras los actos de tortura contra sus progenitores, han quedado con graves secuelas, según lo manifestado en los expedientes facilitados por la familia.
Por este caso se integró la carpeta de investigación FGE/QROO/CAN/UPD/11/373/2024, conocido como el “caso petrolero”.
La denominación del expediente levantó sospechas contra la Fiscalía de Quintana Roo, pues los agentes ministeriales ya sabían de los negocios a los que se dedicaba la víctima, cuando la familia aún no había brindado tal información.
En este caso ha salido a relucir la colaboración de la Fiscalía de Tabasco, pues fue en esa entidad donde se realizaron las transferencias bancarias, ordenadas siempre desde Playa del Carmen por Vizcarra Millán cuando se encontraba en cautiverio.
Carlos Vizcarra Ortiz, hijo mayor de edad de la víctima con un primer matrimonio, se sumó a las tareas de investigación del caso. Cuando ocurrió el plagio, se encontraba en Mérida, Yucatán.
No obstante, ha sido llamado a través de intermediarios, y no de manera formal como establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, a una entrevista ante la Fiscalía de Tabasco ordenada por la Fiscalía de Quintana Roo.
Ante esto, Vizcarra Ortíz ha solicitado en reiteradas ocasiones a la Fiscalía de Quintana Roo que lo reconozca como ofendido, calidad que le corresponde ante la desaparición de su padre, la principal víctima.
La Fiscalía de Quintana Roo, mediante la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos de Secuestro y Extorsión, a cargo de Emanuel González Juan, se ha negado a otorgar tal reconocimiento legal.
Por el contrario, la fiscalía insistió en la presentación personal del hijo ante la representación social para una entrevista. Carlos Vizcarra sospechó que era para detenerlo y así fabricar pruebas para inculparlo. En su lugar buscó enviar la entrevista escrita, que se negó a recibir el fiscal encargado del caso. Expuso luego ante la FGR:
Abiertamente indiqué al licenciado Emanuel que parecía que tenía línea y esa era la razón por la cual no me recibía los escritos, y no contestó; le pedí que me diera en ese momento los citatorios y se negó.
La FGR atrae el caso
Tras estos hechos de integración del expediente para la investigación, Carlos Vizcarra, junto a otro de sus hermanos solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) la atracción del caso, en diciembre último, y pidió que la Fiscalía de Quintana Roo se abstuviera de continuar con las pesquisas.
Además de la situación de entorpecimiento en la investigación, señaló que sólo buscaban hacerse de los tokens con los que se ejecutaron las transferencias millonarias.
A finales de diciembre, la FGR atrajo el caso e integró una carpeta de investigación a cargo de la Unidad Combate al Delito de Secuestro de la Policía Federal Ministerial.
Este órgano ya solicitó diversos informes a la Fiscalía de Quintana Roo sobre el secuestro, pues se presume que detrás del plagio y la sustracción millonaria de dinero, se encuentra el crimen organizado que opera en Playa del Carmen.
Asimismo se presentaron denuncias por la mala actuación de la fiscalía local ante su órgano interno de control y quejas dirigidas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo, según documentos consultados.
Ante la posibilidad de que la Fiscalía de Quintana Roo ejecutara actos discrecionales de detención contra Carlos Vizcarra (hijo), éste tramitó un amparo contra la privación de su libertad.
Con información de Proceso
