Una guerra declarada en silencio: el giro de timón que dinamita el legado de AMLO
Cada operativo, cada tuit, cada cifra oficial revelada por el nuevo gobierno federal sobre crimen organizado, es también una confesión implícita: el sexenio de López Obrador fracasó en su intento de pacificar al país con la estrategia de “abrazos, no balazos”. En ese espejo se refleja ahora una estrategia opuesta, encabezada por la presidenta y ejecutada con precisión quirúrgica por su secretario de Seguridad: Omar García Harfuch.
Desde el sur, en regiones estratégicas como el Caribe Mexicano, y hasta las sierras de Sinaloa y Zacatecas, el nuevo gobierno ha empezado a contar otra historia. Y es una historia de confrontación directa, de cifras que desmienten lo que durante seis años se intentó sostener como narrativa oficial: que en México ya no había fentanilo, ni huachicol, ni capos que lideraran cárteles con impunidad.
De “no hay fentanilo” a una tonelada incautada: las cifras que derrumban la narrativa
Los Mochis: un laboratorio clandestino de mentiras
En diciembre pasado, en Los Mochis, Sinaloa, el Ejército decomisó una tonelada de fentanilo. La imagen de los paquetes azules apilados junto a reactores químicos industriales fue demoledora. No sólo por el valor económico del cargamento —estimado en cientos de millones de pesos— sino por lo que implicaba políticamente: la confirmación de que México sí era productor de fentanilo.
Esa incautación se convirtió en punto de quiebre. Entre diciembre y marzo se han desmantelado 644 laboratorios de drogas sintéticas, 42 de ellos sólo en cuatro días, según datos de la Sedena. Un narcolaboratorio en Zacatecas de 40 hectáreas tenía capacidad para producir 700 millones de dosis. Ni en los peores años del sexenio anterior se había detectado algo de ese tamaño.
El retorno del huachicol: el robo de combustible nunca se fue
Tamaulipas y Baja California: el combustible que arde en el discurso
Apenas en marzo, en Tamaulipas, las fuerzas armadas aseguraron 10 millones de litros de diésel robado, 192 contenedores, 29 tractocamiones y un buque cargado con combustible ilegal. Una semana antes, se localizaron 8 millones de litros más en una propiedad de un exsenador de Morena en Baja California.
El huachicol, que según López Obrador había sido erradicado desde 2019, nunca desapareció. Simplemente dejó de ser perseguido. Hoy, la nueva administración no solo lo combate, sino que lo exhibe. Y esa exposición, inevitablemente, apunta hacia atrás.
Del pacto tácito al castigo ejemplar: capos extraditados
Febrero negro para los cárteles
Uno de los virajes más contundentes ha sido la extradición de 29 altos mandos del narcotráfico hacia Estados Unidos en febrero. Sin retórica nacionalista ni pretextos sobre el Poder Judicial, la nueva administración ejecutó una operación relámpago coordinada con Washington. La señal fue clara: el pacto tácito de no tocar a los líderes criminales ha terminado.
Algunos de esos capos fueron señalados durante años por agencias internacionales como responsables del tráfico de fentanilo a EE.UU. No habían sido tocados en el sexenio anterior. Hoy enfrentan cargos en cortes de Texas y California. La estrategia ya no se basa en “las causas”, sino en la aplicación directa del poder del Estado.
¿Un Harfuchismo sin decirlo? La nueva doctrina de seguridad
Balazos, inteligencia, coordinación
La presidenta ha evitado confrontar directamente el legado de su antecesor, pero sus acciones la contradicen. Desde antes de asumir, nombró a un gabinete de seguridad con perfiles claramente operativos: García Harfuch en Seguridad Pública, Revilla en la Sedena y Morales en Marina, todos con historial de combate directo al crimen organizado.
Harfuch, en particular, ha marcado una línea discursiva y operativa que lo distancia de la estrategia fallida del pasado: presencia en campo, coordinación con fuerzas locales, uso intensivo de inteligencia, y sobre todo, exhibición pública de resultados. Cada operativo, comunicado y tuit es también un mensaje político.
El impacto local: cómo se vive el nuevo enfoque en el sureste
Quintana Roo y Yucatán: el blindaje del Caribe
En el Caribe Mexicano, el cambio ya es perceptible. Quintana Roo, uno de los estados más golpeados por la violencia del narcomenudeo en zonas turísticas, ha sido uno de los primeros beneficiados por la nueva coordinación federal. Las mesas de seguridad ahora incluyen inteligencia naval y militar en tiempo real.
Según la Fiscalía General del Estado, entre enero y marzo se registró una reducción del 23% en homicidios dolosos relacionados con crimen organizado en Benito Juárez y Solidaridad. Además, se ha fortalecido la vigilancia en rutas estratégicas del sur de Quintana Roo, como Bacalar y Othón P. Blanco, donde se detectaron células del Cártel de Sinaloa intentando operar rutas hacia Centroamérica.
Campeche y Tabasco: vigilancia en puertos y fronteras
La SEMAR ha incrementado operaciones en puertos clave como Ciudad del Carmen y Dos Bocas, zonas donde se han documentado movimientos sospechosos de combustibles robados. En Tenosique, Tabasco, el Ejército ha instalado retenes permanentes para frenar el flujo de armas y precursores químicos hacia el sur.
¿Se puede sostener esta estrategia?
Riesgos, presiones y silencio presidencial
El nuevo enfoque en seguridad enfrenta múltiples riesgos: desde la reacción violenta de los cárteles hasta las tensiones con actores políticos que todavía simpatizan con el lopezobradorismo. A eso se suma el factor internacional: Donald Trump ha presionado para etiquetar a los cárteles como grupos terroristas, lo que podría abrir la puerta a acciones extraterritoriales de EE.UU.
A pesar de ello, la presidenta ha mantenido una postura firme. Evita el choque verbal con su antecesor, pero actúa en dirección contraria. Y Harfuch se ha convertido, tácitamente, en el rostro visible de esta transformación.
El sexenio del desmentido
El nuevo gobierno no ha tenido que decir que la estrategia de AMLO fracasó. Lo ha demostrado con acciones. Cada decomiso, cada extradición, cada desmantelamiento de laboratorio, es un golpe directo al relato de “abrazos, no balazos”.
Y en esa narrativa inversa, Harfuch emerge como el ejecutor silencioso del ajuste de cuentas institucional. No se trata de venganza, sino de restauración de la fuerza del Estado. El legado de López Obrador —debilitado por sus propios silencios— está siendo desmontado pieza por pieza. Y eso, aunque duela en Palacio Nacional, es también parte de su herencia.
