Redacción/CARIBE PENINSULAR
CHETUMAL.- El Observatorio Legislativo de Quintana Roo acusó al Congreso del Estado de falta de compromiso y revisión parlamentaria, lo que ha derivado en que al menos diez decretos y reformas aprobadas por la XVIII Legislatura enfrenten acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la mayoría promovidas por Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
El organismo señaló que la más reciente resolución de la Corte declaró inconstitucional la Ley Orgánica de la Fiscalía Anticorrupción de Quintana Roo, al determinar que otorgaba facultades ilegales de intervención telefónica, exclusivas del Fiscal General del Estado y únicamente posibles con autorización judicial.
“Éste no es el único caso ya lo hemos señalado anteriormente que se han acumulado cerca de 10 acciones de inconstitucionalidad que han sido observadas y regresadas al Congreso del estado para su modificación”, subrayó.
De acuerdo con el Observatorio, la iniciativa de esa ley fue recibida el 8 de enero, aprobada al día siguiente en periodo extraordinario y publicada el 10 de enero sin modificación alguna, lo que evidencia un procedimiento “exprés” sin análisis jurídico ni revisión en comisiones.
La organización advirtió que esta práctica se ha repetido en múltiples casos, generando una acumulación de acciones de inconstitucionalidad contra diversas normas impulsadas por el Poder Ejecutivo y aprobadas sin debate. Entre ellas figuran reformas a los Códigos Civil y Penal, la Ley de Movilidad, la Ley de Desarrollo Urbano, la Ley de Expropiación y distintas leyes orgánicas.
El Observatorio agregó que esta dinámica legislativa refleja no sólo prisa en la aprobación de iniciativas, sino también una baja productividad del Congreso, al registrar semanas completas con un solo día de trabajo efectivo.
Refirió que en “la semana del 5 al 7 de noviembre, por ejemplo, la agenda del Congreso contempló apenas dos sesiones ordinarias y cinco reuniones de comisión de media hora cada una”.
Y subrayó:
“Esto deriva de la falta de compromiso y de trabajo”.
Además de la sentencia sobre la Fiscalía Anticorrupción, la SCJN mantiene otros expedientes pendientes de resolución, como la reforma a la Ley del Poder Judicial del Estado, que podría derivar en nuevas observaciones federales.
Según el Observatorio Legislativo, la reiteración de estos fallos evidencia que el Congreso del estado ha trasladado su responsabilidad de control constitucional a las instancias nacionales, al aprobar leyes sin el debido análisis ni compromiso con la legalidad.
