Desde la Ciudad de México, familias buscadoras han manifestado su respaldo a las movilizaciones de trabajadores del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (Incifo) y la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Consideran que, aunque incrementen los rezagos, estas acciones exponen problemas profundos.
Respaldo a movilizaciones forenses
Las familias que buscan a personas desaparecidas perciben que las movilizaciones de los trabajadores visibilizan deficiencias estructurales en las instituciones de investigación forense y justicia. Señalan carencias materiales, organizativas y de personal que, según ellas, impactan directamente la eficacia de las investigaciones y la atención a las víctimas indirectas. Este es un problema sistémico que requiere respuestas institucionales profundas y sostenidas.
Para Jaqueline Palmeros, una madre buscadora con años de experiencia, es injusto atribuir las demoras en la justicia solo a las protestas actuales. Ella ha identificado fallas estructurales desde “bastante tiempo antes”. Menciona la falta de recursos materiales, fallas en la identificación y conservación de cuerpos, y una recolección de perfiles genéticos “ineficiente, por no decir inexistente”, que obstruyen las investigaciones.
La visión del colectivo Una Luz en el Camino
En entrevista con Proceso, Jaqueline Palmeros, integrante del colectivo Una Luz en el Camino, reconoce que el paro afectará los casos, pero lo considera “justo y necesario”. Afirma:
“Ya era justo y necesario que no solamente el reclamo viniera de las familias, sino de los propios trabajadores. Estoy de acuerdo en que se sumen al paro, estoy de acuerdo en que alcen la voz porque humanamente no es posible que ellos sigan trabajando así”.
Hablando en nombre del colectivo, subraya que es “humanamente válido” que los profesionales exijan sus derechos laborales. Ve una relación directa entre las condiciones de trabajo y el desempeño y atención que brindan a las familias, declarando: “Nosotros hemos trabajado muy cerca con ellos, les faltan muchos recursos”.
Lamenta que “Las condiciones del Incifo están en el aire”, lo que, sumado al paro, afecta las “carpetas judicializadas”. Esto impide llevar a cabo diligencias como oficios de órdenes de aprehensión o notificaciones que dependen de un juez.
Experiencia y fallas señaladas por las familias
Jael Montserrat Uribe Palmeros, hija de Jaqueline Palmeros, fue vista por última vez el 24 de julio de 2020. Sus restos fueron encontrados en el paraje Llano de Vidrio durante la Cuarta Brigada Regional Ajusco 2024. Jaqueline Palmeros buscó a su hija por más de cuatro años, acumulando experiencia en la búsqueda y en el trato con las instituciones.
Con la “certeza de la experiencia”, Palmeros apunta a las grandes fallas estructurales que las familias buscadoras en la capital mexicana enfrentan en el Incifo y la Coordinación de Investigación Forense y Servicios Periciales de la Fiscalía local:
- Falta de recursos materiales.
- Ineficiente recolección de perfiles genéticos.
- Fallas en la identificación de cuerpos, su conservación y resguardo.
Al señalar estas fallas, las respalda con hechos concretos de casos.
Casos emblemáticos de fallas forenses
Refiriéndose al caso de su hija, Jaqueline Palmeros relata: “No pudieron darle un perfil genético en el Incifo, por eso el día de la entrega tardaron tanto”.
Menciona el caso de Margarita Cuevas Suárez, desaparecida el 4 de junio de 2022 en Ampliación Tepepan, alcaldía Xochimilco. Su cuerpo fue hallado 13 días después cerca de Morelos, pero la familia no fue notificada y el reconocimiento no ocurrió hasta diciembre de 2024.
Otro caso representativo es el de Julio César Cervantes Cabañas, quien desapareció a los 47 años el 20 de septiembre de 2021 en Álvaro Obregón. Su cuerpo se encontró en enero de 2024, pero la familia fue avisada diez meses después porque el Incifo no cotejó la información genética. Los restos fueron donados sin consentimiento a una escuela de medicina del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Sobre estos casos, Palmeros agrega:
“Ellos no pudieron ser perfilados debido a la falta de recursos. Julio César solamente fue identificado por dactiloscopia, en el caso de Margarita Cuevas, pues no había personal que pudiera hacer un colegiado, entonces nosotros hemos estado apuntando mucho a la falta de interés por parte del Poder Judicial y de verdad sí ha afectado todo esto que a ellos les hacen internamente, a la familia buscadoras”.
Precedentes de las fallas estructurales
Estas fallas estructurales en los servicios forenses no son, según el texto, recientes ni fortuitas. En la tercera entrega de la serie documental “Metrópoli de los desaparecidos”, Proceso documentó fallas que se remontan a la administración como jefa de Gobierno de la ahora presidenta Claudia Sheinbaum.
Durante su gestión, se documentó una baja en el registro de homicidios. Sin embargo, académicos identificaron que en el servicio forense no se llenaban todos los requisitos en las actas de defunción para que las muertes violentas fueran contadas como homicidio. Esto se asoció con un aumento en los reportes de personas desaparecidas cuyos cuerpos, sin cumplir los requerimientos de ley, fueron enviados a fosas comunes.
La experiencia de las familias buscadoras en CDMX, respaldando las protestas de los trabajadores forenses, pone de relieve las profundas fallas estructurales que enfrentan las instituciones encargadas de la justicia. Desde la falta de recursos hasta la ineficiencia en la identificación y manejo de cuerpos, estas carencias impactan directamente la búsqueda de desaparecidos y la resolución de casos, un problema que, según la información proporcionada, tiene precedentes documentados.
