Redacción/CARIBE PENINSULAR
CIUDAD DE MÉXICO (.-) La Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión entró en vigor este sábado 29 de noviembre, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, luego de ser aprobada por el Congreso de la Unión.
“El delito de extorsión y los delitos vinculados previstos en esta Ley se investigarán y perseguirán de oficio”, establece el decreto en su Artículo 6, al unificar el tipo penal en todo el país y definir reglas, procedimientos y atribuciones para la investigación, persecución, sanción y ejecución penal.
El 25 de noviembre, la Cámara de Diputados avaló la minuta enviada por el Senado, que aprobó el dictamen con modificaciones el 19 de octubre. La nueva legislación reforma, adiciona o deroga normas del Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Ley Nacional de Extinción de Dominio y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
La ley establece mecanismos de coordinación y competencia entre municipios, estados y Federación. El Gobierno Federal podrá atraer casos cuando se actualicen supuestos previstos en ordenamientos federales; cuando exista una resolución de organismos internacionales que ordene investigar; o cuando el Ministerio Público de la Federación solicite la atracción por las características o relevancia del hecho.
En delitos vinculados con delincuencia organizada, se actuará conforme a la legislación correspondiente. Además, desde el Gabinete Federal de Seguridad Pública y la Mesa de Paz se analizarán datos de incidencia, modalidades y patrones regionales para focalizar acciones operativas.
La pena base por el delito de extorsión será de 15 a 25 años de prisión, además de una multa de 300 a 500 UMA.
El Título Tercero contempla agravantes que pueden aumentar la pena entre 4 y 8 años, como imponer precios a la víctima o afectar directamente la economía de una comunidad.
La sanción podrá incrementarse de 7 a 17 años adicionales si se emplea violencia física, armas o instrumentos peligrosos; si el agresor se ostenta como integrante de un grupo criminal; si busca impedir la denuncia; cuando se afecte la libertad de expresión o la defensa de derechos humanos; si participa un servidor público; si el delito se comete desde un centro penitenciario; cuando intervengan dos o más personas; o si se utilizan menores de edad, entre otros supuestos.
La ley entra en vigor con su publicación en el DOF, conforme al procedimiento constitucional aplicable a reformas de carácter penal.
Con información de Infobae
