La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó esta tarde la iniciativa para la extinción del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la transferencia de sus atribuciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este movimiento, avalado por Morena y aliados, forma parte de una reforma mayor que busca eliminar órganos autónomos.
El dictamen: aval a la extinción y recorte de personal
El dictamen aprobado por Morena y sus aliados valida el despido de 179 trabajadores del consejo. Sin embargo, solo reconoce la liquidación económica de 49 de ellos, quienes contaban con plaza.
Los detalles clave del dictamen, según el texto proporcionado:
- Aprobación por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.
- Iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum.
- Regula la extinción del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
- Transfiere atribuciones del Coneval al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
- Avala el despido de 179 trabajadores del Coneval.
- Reconoce liquidación económica únicamente para 49 trabajadores con plaza.
- Costo total estimado de las liquidaciones: 14.4 millones de pesos.
Esta medida se inscribe en una reforma constitucional propuesta por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, validada por Morena, con el objetivo de extinguir órganos autónomos, incluidos reguladores energéticos y de competencia económica, así como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
Impacto en el personal y continuidad técnica
Aunque el diputado Óscar Brito (Morena) afirmó que la iniciativa “deja salvaguardada toda la parte técnica y va a nutrir al Inegi”, el dictamen no obliga al Inegi a contratar al personal despedido del Coneval.
El artículo 5º transitorio del proyecto de decreto establece que el Inegi “contratará al personal que requiera”, pero condicionado a:
- Su estructura orgánica y ocupacional.
- Su disponibilidad presupuestaria.
- El régimen laboral previsto en el artículo 123, Apartado B, de la Constitución, en concordancia con su normativa.
El dictamen es claro respecto a los contratados por honorarios: “las personas contratadas por honorarios, se contratan por proyectos, por lo tanto, no hay una liquidación adicional a su remuneración”.
El diputado Héctor Saúl Téllez (PAN) señaló que el Inegi “no cuenta con áreas operativas ni personal especializado en evaluación de política pública”.
Según un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara que acompañó al dictamen:
- De las 179 personas trabajadoras del Coneval, solo 49 contaban con plaza en el presupuesto 2025.
- El resto (130 personas) son personal por honorarios.
Esta situación, según el diputado Téllez, “compromete la continuidad técnica y la transferencia de capacidades y queda en duda que se respeten los derechos laborales de las personas que laboran en el consejo”. Añadió que los empleados que contrate el instituto para cumplir sus nuevas funciones sí tendrán un impacto presupuestado.
Recorte presupuestal previo y transferencia de atribuciones
Se recordó que, para este año, la cámara aprobó una “drástica reducción del presupuesto del consejo”, que pasó de 411.3 millones de pesos en 2024 a 287.9 millones en 2025, lo que representa una caída del 30 por ciento. Este recorte, según el diputado Téllez, “refleja un claro desmantelamiento financiero previo a su absorción por el Inegi, un recorte político, no técnico”.
El dictamen, aprobado con 34 votos a favor (Morena y aliados) y 12 en contra (PAN, MC y PRI), fue modificado para precisar que el proceso de extinción iniciará con la publicación del decreto y la desaparición ocurrirá en un plazo de 20 días para la transferencia de activos y recursos.
El acervo de información del Coneval deberá ser entregado al Inegi, que lo pondrá a consulta pública en un portal electrónico tras revisarlo.
Las atribuciones de evaluación del presupuesto basado en resultados y al sistema de evaluación del desempeño se transferirán a la Secretaría de Hacienda, no al Inegi.
La extinción del Coneval, aprobada en la Cámara de Diputados, evidencia un movimiento político que prioriza el control centralizado sobre la continuidad técnica y los derechos laborales del personal especializado. La transferencia parcial de funciones y la drástica reducción presupuestal previa sugieren un desmantelamiento calculado, no una fusión eficiente, dejando en el aire la capacidad futura de evaluación independiente de la política social.
