Organizaciones civiles pidieron al Estado mexicano colaborar plenamente con el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura (SPT) en su visita de enero de 2026. Alertan que, pese a los avances normativos, la tortura persiste como una práctica generalizada en el país, citando fallas en mecanismos de prevención e impunidad histórica.
Los reportajes fueron elaborados por Jessica Xantomila y Jared Laureles en Ciudad de México, el 23 de enero de 2026.
El precedente de 2016: Negación de acceso y opacidad
La colaboración total del Estado se vuelve una necesidad urgente, considerando los antecedentes. María Luisa Aguilar, directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), recordó las dificultades encontradas por el SPT durante su visita anterior en 2016.
En aquel año, cuando Enrique Peña Nieto era presidente, a la delegación del SPT se le negó el acceso a instalaciones militares específicas en Iguala, Guerrero.
Aguilar también detalló cómo la opacidad obstaculizó el conocimiento público del informe final de esa visita. El contenido del informe —el cual solo puede ser público si el gobierno lo autoriza— se dio a conocer hasta que las organizaciones litigaron el caso a través del extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai). Por ello, las organizaciones enfatizan que la transparencia con la información debe ser total.
Fallas institucionales y figuras jurídicas de riesgo
Si bien México cuenta con la Ley para prevenir, investigar y sancionar la tortura, además del Registro Nacional del Delito, las organizaciones señalan que estos avances normativos no han detenido la práctica generalizada.
Aguilar puntualizó que el Mecanismo Nacional de Prevención, que opera bajo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, «no está funcionando como debería».
Adicionalmente, la directora del Centro Prodh expuso la existencia de figuras jurídicas que chocan con los estándares internacionales y que ponen en peligro la comisión de algunos tipos de tortura. La prisión preventiva oficiosa es una de estas figuras. También se han identificado inconsistencias en el Registro Nacional de Detenciones, sobre todo en lo referente a personas aprendidas en contexto de migración, quienes no son incluidas en esa base de datos.
La impunidad como motor de la práctica
La impunidad es el factor que permite que la tortura siga siendo una práctica extendida. «Los temas de impunidad siguen siendo muy claros, y por lo mismo permiten que [el delito] siga siendo generalizado en el país», sentenció María Luisa Aguilar en entrevista.
La tortura como herramienta de represión en diversos contextos
Denisse Montiel, codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, coincidió en la prevalencia del delito y ofreció datos sobre dónde se ha documentado. Montiel indicó que se han registrado casos de tortura en centros de detención, en anexos e incluso usada como un medio de represión durante protestas, mencionando el caso de Jalisco.
Montiel advirtió que la práctica ha trascendido su uso tradicional en detenciones y fabricación de culpables: «Estamos hablando que sigue siendo utilizada como un mecanismo no solamente en los procesos de detención, de fabricación de culpables, sino que además se ha extrapolado a otros contextos».
Las autoridades que han sido señaladas de cometer esta práctica incluyen policías municipales y estatales, elementos de las fiscalías o procuradurías de justicia de los estados, y miembros de la Guardia Nacional.
Ante este panorama, Denisse Montiel subrayó la trascendencia de esta visita: la llegada de los expertos del subcomité «resulta sumamente importante para poder visibilizar, documentar e identificar cuál es la situación de tortura que prevalece en México». ¿El Estado mexicano logrará garantizar la transparencia que le fue negada a la sociedad civil en el pasado, o se repetirá la historia de opacidad documentada desde 2016?
