La exigencia de sanción contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, escala tras el polémico retiro de las esculturas del Che Guevara y Fidel Castro. La controversia subraya un debate sobre la legalidad y el patrimonio público en la capital, detonando una serie de protestas y llamados a la acción legal.
La escalada de la protesta por el retiro de monumentos
El 27 de julio de 2025, en el marco de la conmemoración del asalto al cuartel Moncada, diversas organizaciones y ciudadanos protagonizaron una jornada de protesta. La movilización, que comenzó en la explanada de la alcaldía Cuauhtémoc, tuvo como objetivo central demandar a Alessandra Rojo de la Vega la restitución de las efigies de los líderes revolucionarios, Che Guevara y Fidel Castro, retiradas sin autorización de un parque en la colonia Tabacalera.
Integrantes del Movimiento mexicano de solidaridad con Cuba, junto a vecinos e intelectuales, se dieron cita primero en la explanada de la alcaldía. Posteriormente, se trasladaron al jardín Tabacalera, donde ya los esperaban más vecinos, intelectuales y activistas para un encuentro público. Este movimiento ha anunciado su determinación de concentrarse cada fin de semana, a las 12:00 horas, en el jardín Tabacalera, hasta que las esculturas sean devueltas a su lugar original.
Fundamentos legales de la controversia
Los manifestantes y expertos en derecho han subrayado que el retiro de las estatuas constituye un acto ilegal. Argumentan que la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público establece de manera inequívoca que los bienes del dominio público son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y que no pueden ser sujetos de disposición alguna mientras no cambie su situación jurídica.
Además, se enfatizó que el Comité de Monumentos y Obras Artísticas en el Espacio Público de la Ciudad de México no aprobó el retiro de las piezas, lo cual contraviene directamente las normativas establecidas por dicho organismo. Esta omisión, según los denunciantes, agrava la ilegalidad de la acción de la alcaldesa.
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El clamor de la ciudadanía y la crítica intelectual
Desde la voz de los afectados, Óscar, un vecino de la Cuauhtémoc, calificó la actitud de la alcaldesa como “ilegal“, asegurando que tal acción no figura entre las urgencias prioritarias de los residentes. Acusó a Rojo de la Vega de actuar “desde la frivolidad, la improvisación y la ignorancia” en un afán de llamar la atención y complacer a ciertos grupos.
Otra voz vecinal expresó la urgencia de ir más allá de la mera denuncia de ilegalidad: “No basta decir que es ilegal, qué se debe hacer para que esta mujer no quede impune en sus acciones”, manifestó una mujer, exigiendo conocer el procedimiento y la sanción correspondiente para estas acciones.
Paco Ignacio Taibo II: “Un acto delictivo” y acusaciones políticas
El reconocido escritor de novela policiaca y habitante de la alcaldía, Paco Ignacio Taibo II, se sumó a la crítica. Hizo un llamado directo al Gobierno de la Ciudad de México para que intervenga, calificando el hecho como “un acto delictivo, cometido por una autoridad”, y urgió a “proceder a calificar, cuantificar y operar contra este acto”.
Taibo II reconoció el derecho de la alcaldesa a expresar sus opiniones, incluso si las considera “barrabasadas”, y a “ignorar su pasado” o “olvidar que forma parte de un partido que llevó al poder a Díaz Ordaz”. Sin embargo, fue contundente al afirmar que el retiro de las estatuas representa una “violación flagrante” de la ley. Además, el escritor señaló que Rojo de la Vega actuó “sin consultar al cabildo de la Cuauhtémoc y a los vecinos, sólo por sus pistolas”, tras un “sospechosista viaje” donde, según él, se habría reunido con la “derecha española e italiana”.
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El futuro de las demandas y la búsqueda de justicia
Tras el encuentro en el jardín Tabacalera, los integrantes del Movimiento mexicano de solidaridad con Cuba continuaron su marcha, la cual culminó con un mitin frente a la embajada de Estados Unidos. La continuidad de las protestas cada fin de semana en el jardín Tabacalera evidencia la persistencia de la demanda ciudadana para que las estatuas sean reinstaladas y se apliquen las sanciones pertinentes. Se espera una respuesta por parte del Gobierno de la Ciudad de México ante la gravedad de las acusaciones de ilegalidad y las exigencias de un procedimiento sancionatorio claro.
La polémica por el retiro de las estatuas en la Cuauhtémoc no es un incidente aislado, sino un reflejo de tensiones políticas y legales subyacentes. ¿Podrá el Gobierno de la Ciudad de México garantizar la integridad del patrimonio público y la aplicación de la ley ante actos percibidos como arbitrarios de una autoridad local?
