Redacción/CARIBE PENINSULAR
Chetumal. — Mientras Quintana Roo presume cifras históricas en turismo de cruceros, la realidad en los principales puertos receptores exhibe una contradicción inadmisible: Cozumel y Mahahual reciben millones de visitantes al año, pero no reciben —en servicios, obra pública y calidad de vida— lo que correspondería por la derrama, derechos y contribuciones que se generan en su territorio.
En 2025, Cozumel alcanzó 4.7 millones de cruceristas y Mahahual 2.3 millones, para un total estatal récord de 7.1 millones entre ambos puertos. Sin embargo, esos números no se reflejan en condiciones dignas para la población.
De acuerdo con el Informe Anual sobre la Situación de Pobreza y Rezago Social 2025 del Gobierno de México, en Cozumel 39.6% de la población se encuentra en situación de pobreza (28,993 personas); 34.5% en pobreza moderada (25,286) y 5.1% en pobreza extrema (3,707).
Estas cifras son un llamado urgente: un destino que genera ingresos turísticos extraordinarios no puede sostener niveles de pobreza y rezago como si fueran “daño colateral” del éxito.
Mahahual es el caso más indignante: el crecimiento turístico ha sido acelerado, pero la infraestructura urbana no acompaña. Entre 2019 y 2025, Mahahual duplicó su volumen anual de pasajeros (de 1.1 millones a 2.3 millones, +109%).
Aun así, voces ciudadanas han señalado urgencia de pavimentación, drenaje, alumbrado público, salud y atención educativa, en una comunidad que crece día con día por la actividad turística.
La presión social ya escaló: recientemente se reportó bloqueo del acceso al muelle Costa Maya por habitantes que exigen servicios básicos y mejoras urbanas a metros de la terminal de cruceros. En reportes locales, vecinos describen calles deterioradas, lodo, baches y problemas de recolección de basura.
En Quintana Roo se acordó un esquema de 5 dólares por pasajero con destino a infraestructura y otras necesidades en Cozumel y Mahahual.
A nivel federal, además, existe el Derecho de No Residente (DNR) aplicable a cruceristas, con acuerdos recientes de cobro inicial reducido (5 dólares) y ruta de aumento gradual.
Pero el punto crítico es este: si se cobra en nombre del territorio y por el uso intensivo de su infraestructura y entorno, los resultados deben ser visibles en el territorio, con reglas claras, rendición de cuentas y participación local.
Ante esta situación desde el PRI , planteamos una agenda mínima e inmediata:
1. Transparencia total (publicación mensual) de lo recaudado por derechos vinculados al turismo de cruceros y su destino desglosado por obra, proveedor, monto y avance físico-financiero.
2. Criterios de distribución justos y verificables entre Cozumel y Mahahual, priorizando drenaje, agua potable, manejo de residuos, alumbrado, vialidades dignas y seguridad.
3. Participación efectiva de los ayuntamientos y comités ciudadanos en la definición de proyectos e inversiones, con auditoría social.
4. Plan de infraestructura urbana para Mahahual (multianual, con metas por colonia) para cerrar la brecha entre crecimiento turístico y calidad de vida.
5. Evaluación de impacto: si suben los flujos turísticos, deben subir proporcionalmente las capacidades de servicios, protección civil, salud y movilidad.
“No se puede hablar de éxito turístico mientras Cozumel mantiene niveles de pobreza alarmantes y Mahahual carece de infraestructura básica. Los cruceros dejan recursos y presiones urbanas; el mínimo ético es que los recursos que generan sean bien administrados por los gobiernos federal, estatal y municipal y se conviertan también en desarrollo. Quintana Roo no puede aceptar un modelo donde la ganancia se concentra en el gobierno y el costo lo paga la comunidad”.
