Washington. En un movimiento que profundiza el debate sobre la seguridad y el medio ambiente, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Kristi Noem, firmó el 26 de agosto de 2025 una exención para acelerar la construcción de aproximadamente ocho kilómetros de un nuevo muro fronterizo de 9 metros de alto en Texas. Este tramo se ubicará específicamente en los condados de Starr e Hidalgo, dentro del estratégico Sector del Valle del Río Grande de la Patrulla Fronteriza.
La decisión clave de la secretaria Noem
La medida de la secretaria Noem representa la séptima exención de este tipo para proyectos de barreras fronterizas a lo largo de la frontera sur. Los ocho kilómetros de muro forman parte de un contrato preexistente que ya está en marcha, financiado mediante asignaciones del año fiscal 2019 de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP).
La facultad de la secretaria para otorgar estas exenciones es un instrumento legal que permite al DHS omitir cualquier requisito legal, incluidas normativas ambientales como la Ley Nacional de Política Ambiental. El objetivo declarado es garantizar la construcción expedita tanto de barreras físicas como de carreteras esenciales en la zona. Según argumentó la institución, «los proyectos ejecutados al amparo de una exención son pasos cruciales para asegurar la frontera sur y reforzar nuestro compromiso con la seguridad fronteriza».
Inversión multimillonaria y tecnología fronteriza
Los fondos designados para estos proyectos se canalizarán hacia una infraestructura compleja que incluye una combinación de muro fronterizo primario y secundario, barreras fluviales, caminos de patrullaje y un sistema tecnológico integral. Este último abarcará cámaras, luces y sensores, elementos diseñados para dotar a los agentes de la información y el conocimiento situacional necesarios. La meta es facilitar una respuesta eficaz ante la actividad irregular y proporcionar atributos clave como acceso, movilidad, impedancia y negación para una interdicción exitosa.
Actualmente, la CBP gestiona cerca de 160 kilómetros de nuevas barreras fronterizas, que se encuentran en diferentes fases de construcción y planificación, todas financiadas con asignaciones de años fiscales previos. Adicionalmente, la CBP recibió una sustancial dotación de 46.5 mil millones de dólares para el desarrollo del sistema de barreras fronterizas, aprobada mediante la Ley «One Big Beautiful Bill Act (HR 1)», que fue firmada por el presidente Trump el 4 de julio de 2025.
El marco legal de una polémica práctica
La exención emitida por la secretaria Noem se fundamenta en la Sección 102 de la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante de 1996. Esta legislación proporciona el soporte legal para eludir ciertas normativas en aras de la seguridad fronteriza, una prerrogativa que ha sido objeto de constante escrutinio por parte de organizaciones civiles y expertos legales.
La continua aplicación de estas exenciones, respaldada por inversiones multimillonarias y un marco legal específico, plantea interrogantes sobre el equilibrio entre la seguridad nacional y la protección ambiental. ¿Hasta qué punto es sostenible el uso de exenciones ejecutivas para eludir leyes clave en la construcción de infraestructura fronteriza?
