La saga judicial contra la ex presidenta Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, continúa. Un tribunal ha ordenado que ella y otros ocho condenados por corrupción paguen una suma colosal de 535 millones de dólares. ¿Será este el capítulo final de una larga batalla legal?
El fallo: 535 millones de dólares o decomiso de bienes
Cristina Fernández, quien gobernó Argentina entre 2007 y 2015, enfrenta una nueva exigencia judicial. Junto con otros ocho individuos condenados por corrupción, se le requiere el pago de 535 millones de dólares. Este dictamen surge tras su condena en junio a seis años de prisión e inhabilitación política perpetua por administración fraudulenta en la adjudicación de obras viales durante su mandato.
- La sentencia establece un plazo de 10 días hábiles para que Fernández y los demás obligados depositen el dinero en una cuenta del Banco de la Nación.
- En caso de no cumplir con este pago, la justicia procederá al decomiso y remate de sus bienes embargados.
El proceso judicial y las defensas
Los fiscales han identificado diversas cuentas bancarias, sociedades empresarias, inmuebles y campos pertenecientes a la ex mandataria y al resto de los condenados. Sin embargo, este no es el final del camino legal.
- Todos los condenados tienen derecho a apelar la decisión del tribunal hasta que la suma quede firme.
- Pueden recurrir incluso hasta la Suprema Corte.
- Las defensas de los obligados consideran que el monto exigido es significativamente menor.
Lawfare: ¿persecución judicial o justicia?
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El equipo legal de Cristina Fernández ha denunciado reiteradamente lo que consideran una persecución judicial, o «lawfare», en su contra. Alegan que el proceso en el que fue condenada careció de pruebas contundentes. La defensa argumenta que la condena y la exigencia del pago millonario forman parte de una estrategia para dañar su imagen política y evitar su regreso al poder. Fuentes cercanas a la defensa sugieren que este caso podría tener motivaciones políticas, buscando inhabilitar a Fernández de por vida.
¿Estamos ante un legítimo ejercicio de la justicia o ante una maniobra política disfrazada de legalidad?
