Observamos que organizaciones de la sociedad civil han evaluado la décima comparecencia del Estado mexicano ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW). Según su análisis, el Estado no presentó evidencia verificable de avances significativos en materia de justicia, participación económica, política y eliminación de la discriminación hacia las mujeres.
Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y Red TDT critican informe
Según el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT), la delegación mexicana, encabezada por Citlalli Hernández Mora, secretaria de las Mujeres (SeMujeres), recurrió a “evasiones, datos parciales y narrativas triunfalistas”.
Esto ocurrió luego de que “ayer” terminó la comparecencia del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante el Comité integrante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En un comunicado conjunto, las organizaciones criticaron que el Estado afirmó que los feminicidios han disminuido, pero las “cifras oficiales cuentan otra historia”. Afirmaron que, en los últimos seis años, no se ha logrado una disminución efectiva y que, en promedio, 10 mujeres son asesinadas al día en el país.
Persistencia de la violencia feminicida
Señalaron que solo el 25% de los crímenes se investigan como feminicidio. En estados como Guerrero o Guanajuato, esta cifra es “menor a 10 por ciento”.
Consideraron que “negar la gravedad de la violencia feminicida no la erradica: la invisibiliza y revictimiza a quienes han perdido la vida y a sus familias”.
Falta de datos y debilitamiento institucional
De acuerdo con el ONCF y la Red TDT, el CEDAW también señaló la “falta de datos estadísticos claros y actualizados”, lo que impide evaluar la efectividad de las políticas públicas.
Asimismo, el Comité lamentó el “debilitamiento de instituciones clave”, mencionando específicamente:
- El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred).
- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
- La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Sumado a esto, destacaron la “militarización que vulnera de forma particular a mujeres indígenas, migrantes y afrodescendientes”.
Uno de los “retrocesos más alarmantes” identificados por los denunciantes es el desmantelamiento de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contras las Mujere (Conavim). Afirman que esto “pone en riesgo” la continuidad del mecanismo de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y “viola” el principio de progresividad en materia de derechos humanos.
Omisiones sobre derechos y protección
Según las organizaciones, en la audiencia en Ginebra, la delegación mexicana encabezada por Citlalli Hernández “evitó responder preguntas clave del Comité”. Estas preguntas incluían el cumplimiento de los artículos 8 al 16 de la Convención, que abarcan temas como salud, trabajo, educación, justicia y condiciones jurídicas en el ámbito familiar.
En lugar de aportar datos concretos, afirmaron que la exsecretaria general de Morena “se limitó a resaltar la narrativa oficial del ‘Tiempo de Mujeres’ sin aportar datos concretos”.
El Estado presumió el Mecanismo de Protección a Defensoras y Periodistas, pero las organizaciones indican que sus cifras muestran su ineficacia:
- Solo mil 472 de dos mil 128 solicitudes fueron aceptadas.
- Las medidas otorgadas “siguen siendo reactivas y limitadas”.
- Entre 2018 y 2024, fueron asesinadas cuatro periodistas y 39 defensoras, principalmente indígenas y cuidadoras comunitarias.
Respecto al aborto y salud sexual y reproductiva, las organizaciones dijeron que el Estado omitió obstáculos reales, como:
- La falta de personal capacitado.
- La objeción de conciencia sin regulación.
- La criminalización persistente en al menos ocho estados.
Mencionaron que en “un trimestre de 2025” se abrieron 218 carpetas de investigación por aborto, incluso en entidades donde ya está despenalizado.
Críticas al programa contra la trata de personas
El gobierno presentó el Programa Nacional contra la Trata de Personas como una “columna vertebral”. Sin embargo, las organizaciones denunciaron que el Programa 2022-2024 “no tuvo presupuesto”. Por ello, demandaron que el nuevo programa tenga “un presupuesto específico para su mejor implementación”.
Demandas de las organizaciones civiles
El ONCF y la Red TDT consideraron que la comparecencia terminó “sin que el Comité pudiera cerrar su evaluación” y que México deberá entregar por escrito las respuestas “que evadió”. Esto, según ellos, es una muestra del déficit de rendición de cuentas.
Afirmaron que el Estado no logró “acreditar avances reales ni sustantivos”. Declararon: “No hay ‘tiempo de mujeres’ mientras no se garantice el derecho a la vida, la justicia y la igualdad. No hay avances si seguimos contando a nuestras muertas”.
Finalmente, enlistaron sus exigencias al gobierno de Claudia Sheinbaum:
- Responder de manera “puntual y verificable” a los cuestionamientos de la CEDAW.
- Reinstalar Conavim o crear un órgano con igual o mayor capacidad técnica y presupuestaria.
- Homologar códigos penales estatales y aprobar un Código Penal Único con perspectiva de género.
- Transformar el mecanismo de protección para defensoras y periodistas con estructura sólida, especializada y enfoque interseccional.
- Garantizar acceso real y efectivo al aborto legal y seguro, con servicios accesibles, personal capacitado y sin criminalización.
- Reconocer y respetar derechos de madres buscadoras, defensoras indígenas, comunitarias y periodistas.
- Dotar de recursos suficientes a refugios existentes para mujeres y niñas víctimas de trata y crear nuevos refugios especializados.
- Incluir contenidos sugeridos por la sociedad civil en el nuevo Programa en materia de trata de personas 2025-2030.
En conclusión, la décima evaluación ante la CEDAW, según organizaciones civiles, evidenció una falta de avances tangibles y una comunicación gubernamental evasiva. La persistencia de la violencia y el debilitamiento institucional son puntos clave de crítica que, se argumenta, el Estado mexicano “quedó a deber”.
