Cientos de estudiantes de Oaxaca, organizados en la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios “Rafael Ramírez” (FNERRR), se manifiestan frente a Palacio Nacional. Acusan represión y el despojo de albergues en su estado, demandando la intervención de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ante la inacción del gobernador Salomón Jara.
La demanda estudiantil resonando en la capital
Desde las primeras horas de la mañana, jóvenes de la FNERRR se han congregado en el corazón político del país. Tras un incidente con la policía capitalina alrededor de las seis de la mañana, que restringió inicialmente el acceso al Zócalo, los estudiantes, acompañados por algunos profesores y padres de familia, lograron ingresar por la calle de Pino Suárez. Se posicionaron frente a la Puerta Mariana, donde instalaron un templete con bocinas más allá de las rejas metálicas que resguardan el inmueble histórico. Poco después de las 8 de la mañana, la protesta se expandió con una marcha que rodea una parte de la Plaza de la Constitución.
La principal demanda de los manifestantes es una audiencia directa con la presidenta Sheinbaum para exponer su problemática. Aseguran que el gobernador oaxaqueño, Salomón Jara, no les ha ofrecido ninguna solución a sus demandas y ha implementado una política de «oídos sordos». Han advertido que su manifestación frente a Palacio Nacional se mantendrá de forma indefinida hasta ser recibidos por la mandataria federal. La protesta se caracteriza por la realización de bailables regionales, que forman parte de su formación académica y cultural, mientras se corean consignas como “atacar la educación es un crimen”, “la juventud no es un crimen” y “el conocimiento es nuestra arma”.
Acusaciones de represión y persecución política en Oaxaca
La decisión de trasladar su protesta a la Ciudad de México surge, según los estudiantes, por la persistente «política de oídos sordos» que enfrentan en Oaxaca. En su estado natal, han llevado a cabo diversas formas de protesta, incluyendo cadenas humanas, mítines, eventos culturales, difusiones y denuncias públicas, sin haber obtenido respuesta alguna por parte del gobierno local.
Los estudiantes han denunciado específicamente tres actos represivos, vandálicos y de persecución política. El incidente más reciente y grave ocurrió la noche del cinco de agosto pasado, cuando “un grupo de veinte personas armadas allanó el albergue estudiantil villas de monte albán y saqueó una tienda de abarrotes” que operaba en el lugar. Este tipo de acciones violentas son el pilar de su acusación de represión y falta de garantías para su organización y desarrollo educativo.
La problemática y función de los albergues estudiantiles
El profesor de bachillerato Leonel Vega explicó la relevancia de estas «casas del estudiante», como se refieren a los albergues. Su función es proporcionar a los alumnos de preparatoria y universidad un lugar accesible donde residir mientras cursan sus estudios. Estos espacios ofrecen dormitorio, regaderas e internet, siendo vitales para jóvenes de escasos recursos. Vega detalló que el movimiento estudiantil tiene presencia en diversos estados de la república, incluyendo Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca y Puebla.
En el caso específico de Oaxaca, el albergue villas de monte albán estuvo en operación durante aproximadamente cuatro meses. Sin embargo, según el profesor Vega, “el gobierno llegó con el pretexto que no estaban regularizados” para justificar su intervención. Ante la permanencia de los jóvenes en el inmueble, las autoridades procedieron a un desalojo forzado, resultando en la pérdida de pertenencias de los estudiantes, las cuales, aseguró Vega, aún se encuentran en el edificio. Para el sostenimiento de estos albergues, se busca el apoyo del gobierno, pero también los propios jóvenes organizan actividades económicas los fines de semana, como colectas, venta de dulces y artesanías, para solventar los gastos. Además, buscan personas que puedan donar predios o vender a bajo costo para establecer estas casas. La situación de los albergues es un punto central de la denuncia estudiantil, que ven en su cierre y allanamiento una forma directa de represión.
La sistemática denuncia de represión y la nula respuesta a las demandas estudiantiles en Oaxaca plantea interrogantes serios sobre el respeto a la organización social y el derecho a la educación. ¿Qué implicaciones tendrá la intervención o la omisión de la presidencia en este conflicto creciente?
