La presidenta Claudia Sheinbaum anunció el 26 de enero de 2026 que el Gobierno Federal está reforzando su estrategia contra la extorsión mediante la focalización de ciudades donde se reporta un incremento en la incidencia del delito. Esta nueva fase incluye la solicitud formal al INEGI de la encuesta completa de seguridad, lo que permitirá desglosar geográficamente las áreas donde la extorsión ha repuntado y aquellas donde ha disminuido.
Paralelamente a esta acción de inteligencia geográfica, el gobierno avanza en el frente legal con la inminente publicación de las reformas constitucionales en materia de extorsión y promueve el uso eficiente del teléfono de emergencia 089, el cual facilita la investigación de oficio a partir de denuncias anónimas.
La estructura operativa y el uso de datos del INEGI
El principal ajuste a la estrategia se centra en la precisión geográfica y el uso de datos estadísticos verificables. La decisión de solicitar la encuesta completa sobre seguridad al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) responde a la necesidad de focalizar el esfuerzo de seguridad pública en puntos específicos.
Este mapeo, que va más allá de los reportes generales, busca identificar los matices del delito de extorsión, diferenciando los territorios de alta y baja incidencia. Este enfoque analítico permite la asignación más eficiente de recursos, dejando atrás estrategias homogéneas que demostraron ser insuficientes en el combate a esta modalidad delictiva.
Mecanismos de denuncia y respuesta inmediata
La línea telefónica de emergencia 089 se mantiene como un pilar en la estrategia de respuesta, pues permite a la autoridad iniciar una investigación de oficio, incluso si la denuncia es anónima.
La clave de este mecanismo radica en la colaboración interinstitucional. Tras recibir una denuncia, la información se procesa rápidamente para que las empresas telefónicas procedan a dar de baja inmediatamente los números desde donde se realizaron los intentos o consumaciones de extorsión.
Advertencia clave para la ciudadanía
La presidenta Sheinbaum insistió en la necesidad de la prevención ciudadana. Recomendó de forma directa a la población que no respondan a llamadas de teléfonos desconocidos, pues son la vía más recurrente por la cual se inician los esquemas de extorsión.
Implicaciones legales: El avance de las reformas constitucionales
La dimensión legal de la estrategia también está próxima a concretarse. Se destacó que las reformas constitucionales en materia de extorsión están por publicarse. Este proceso legislativo requirió no solo la aprobación a nivel del Congreso de la Unión, sino también la luz verde de los congresos estatales.
Una vez que la reforma constitucional entre en vigor, la siguiente tarea será lograr la aprobación de los congresos estatales para la homologación de las leyes locales a dicho mandato constitucional, lo que garantizaría un marco legal unificado y más potente contra el delito en todo el país.
Contexto político asociado a la agenda de seguridad
La conferencia del 26 de enero de 2026, donde la presidenta Sheinbaum expuso el refuerzo de la estrategia contra la extorsión (información recopilada por Alonso Urrutia y Emir Olivares), coincidió con otros temas relevantes en la agenda pública de la Ciudad de México:
Debate sobre el nombramiento de Gertz como embajador
La Permanente ratificó la designación de Gertz, ex fiscal general, como embajador en el Reino Unido. Este nombramiento se dio sin mayor discusión ni debate significativo por parte del PRI o el PAN. No obstante, el emecista Luis Donaldo Colosio cuestionó públicamente la designación. Colosio argumentó que una invitación para ocupar un cargo en una Embajada no constituye una «causa grave» para dimitir del cargo, como lo exige la ley.
Austeridad judicial y la postura de la Suprema Corte
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció su decisión de desistirse de adquirir nuevas camionetas de lujo. El ministro presidente Hugo Aguilar, en conferencia junto con otros cinco ministros, afirmó que «La austeridad ‘no es un acto simbólico'». La justificación para la renovación de la flotilla se basó en razones de «seguridad vial» y en la posibilidad de generar un ahorro de más de mil millones de pesos (mdp).
La presidenta Sheinbaum calificó como «positivo» que la Corte se desistiera de la compra, estimando que, por tratarse de una nueva conformación del máximo tribunal, su posición frente a la gente debería manifestarse de manera diferente.
