En una decisión de alto impacto fechada el 1 de agosto de 2025, una jueza federal ha puesto en pausa la deportación de miles de hondureños, nicaragüenses y nepaleses. Este dictamen judicial desafía la política del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump de revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa clave para inmigrantes en Estados Unidos.
El dictamen judicial y sus beneficiarios
La jueza de distrito Trina Thompson, en un fallo de 37 páginas emitido el jueves, bloqueó hasta el 18 de noviembre la deportación de ciudadanos de Honduras, Nicaragua y Nepal. En julio, Estados Unidos había suprimido el TPS a más de 51.000 hondureños y 3.000 nicaragüenses que llegaron al país norteamericano después de que el huracán Mitch devastara sus naciones en 1998.
El estatus de protección temporal (TPS) se otorga a extranjeros que no pueden regresar a su país de manera segura debido a guerras, desastres naturales u otras condiciones «extraordinarias». Esta protección les concede cobertura legal e impide que se les pueda expulsar y pierdan su trabajo en Estados Unidos. En el caso de Nepal, alrededor de 7.000 nepaleses cuentan actualmente con la protección del TPS tras el terremoto de 2015 en el país asiático.
La esencia del TPS y la postura gubernamental
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Más allá de los casos de hondureños, nepaleses y nicaragüenses, la administración Trump ha revocado el estatus de protección temporal a cientos de miles de afganos, cameruneses, haitianos y venezolanos. Sus respectivos casos también han culminado en los tribunales, reflejando una tendencia gubernamental.
El Departamento de Seguridad Interior (DHS) sostiene que retira el TPS porque considera que las condiciones han mejorado en esos países. La secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem, suele afirmar que «el estatus de protección temporal fue diseñado para ser precisamente eso: temporal».
Sospecha de «animosidad racial» en el fallo
La jueza Thompson estima que la revocación de la protección responde a una intención gubernamental de acabar con el programa, en vez de analizar de forma objetiva las condiciones del país de origen de los beneficiarios. La corte, ubicada en California, teme que esta política esté motivada por una «animosidad racial».
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Esta preocupación se fundamenta en una declaración del presidente Trump, quien durante su campaña electoral de 2024 afirmó que los migrantes «envenenan la sangre» de Estados Unidos. Ante estas declaraciones, la jueza Thompson fue contundente: «El color no es un veneno ni un delito». Además, en su fallo, la jueza declaró que «la libertad de vivir sin miedo, la oportunidad de la libertad y el sueño americano. Eso es todo lo que buscan los demandantes». Agregó que «se les exige que expíen por su raza, que se vayan por sus nombres y que purifiquen su sangre», a lo que la corte categóricamente «no está de acuerdo». El presidente Trump ha prometido llevar a cabo la mayor campaña de deportaciones de la historia de Estados Unidos y frenar la inmigración.
La medida cautelar de la jueza Thompson suspende la cancelación del TPS para hondureños, nepaleses y nicaragüenses hasta que celebre una vista judicial el próximo 18 de noviembre, fecha clave para el futuro de miles de inmigrantes.
