Redacción/CARIBE PENINSULAR
PLAYA DEL CARMEN.– La Auditoría Superior de la Federación (ASF) logró revertir una sentencia que había beneficiado a José Luis Pech Galera, exrector de la Universidad Politécnica de Quintana Roo (UPQROO), quien mediante un procedimiento abreviado buscó evitar una reparación integral del daño por el desvío de más de 20 millones de pesos, cometido hace casi una década dentro del esquema conocido como la Estafa Maestra.
La nueva resolución fue emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal, con sede en la Ciudad de México, y dejó sin efectos la sentencia dictada en noviembre de 2024 por la jueza Alejandra Domínguez Santos, entonces titular del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente.
De acuerdo con la nota de Octavio Martínez, publicada en Proceso, dicha juzgadora había impuesto a Pech Galera una condena de apenas ocho meses con 29 días de prisión, además de una reparación del daño mínima, muy por debajo de los más de 20 millones de pesos desviados, correspondientes a contratos otorgados con recursos de la Sedatu entre 2015 y 2016, cuando la dependencia federal era encabezada por Rosario Robles.
El exrector —hijo de José Luis Pech Várguez, excandidato a la gubernatura por Movimiento Ciudadano y actual diputado local— se perfila ahora a enfrentar un escenario judicial más severo: hasta 12 años de prisión por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, además de una posible reparación del daño de hasta 60 millones de pesos, por responsabilidad compartida con otros dos implicados.
Pech Galera había accedido al procedimiento abreviado tras declararse culpable, con lo que buscaba poner fin al proceso penal iniciado en abril de 2022, cuando fue vinculado a proceso. No obstante, la ASF y la Fiscalía General de la República (FGR) objetaron que la simple admisión de culpabilidad no garantizaba la reparación del daño ni aseguraba el resarcimiento del detrimento financiero al erario federal.
De acuerdo con la toca penal 9/2025, consultada por Proceso, el Tribunal Colegiado determinó que la jueza debió considerar la oposición de la parte ofendida, al no existir garantía alguna de pago para la reparación del daño, condición indispensable para la procedencia del procedimiento abreviado.
“No existe garantía de la reparación del daño para la procedencia del citado procedimiento abreviado”, resolvió el órgano colegiado al anular la sentencia previa.
El caso se remonta a observaciones realizadas por la ASF desde 2017, cuando se documentó que, siendo rector, Pech Galera entregó contratos a diversas empresas para servicios de diagnóstico y levantamiento de información que nunca se cumplieron, dentro del esquema de triangulación de recursos que caracterizó a la Estafa Maestra.
Con esta resolución, el expediente regresa a una etapa clave, reabriendo la posibilidad de sanciones penales y económicas acordes al daño causado, en uno de los capítulos pendientes de rendición de cuentas por el desfalco multimillonario al erario federal.
