Estados Unidos impone sanciones económicas a juez de la corte suprema de Brasil

Estados Unidos impone sanciones a juez Alexandre de Moraes de Brasil por violar derechos humanos. Impacto en el juicio contra Jair Bolsonaro y la política nacional. Lea el análisis.
Estados Unidos impone sanciones económicas a juez de la corte suprema de Brasil

Washington. En un movimiento sin precedentes, Estados Unidos impuso sanciones económicas al juez Alexandre de Moraes de la Corte Suprema de Brasil. La medida, anunciada este miércoles 30 de julio de 2025, se debe a alegaciones de «autorizar detenciones arbitrarias» y «suprimir la libertad de expresión» en el país.

Acusaciones graves contra el togado brasileño

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que las sanciones se aplican bajo la Ley Global Magnitsky. Esta legislación estadounidense castiga a individuos vinculados a violaciones de los derechos humanos o corrupción a nivel global.

Scott Bessent, secretario del Tesoro, emitió un comunicado donde afirmó la gravedad de las acusaciones. Según Bessent, el togado de Moraes es responsable de una «campaña opresiva de censura, detenciones arbitrarias que violan los derechos humanos y juicios politizados».

Entre los casos mencionados explícitamente se encuentra el juicio contra el ex presidente Jair Bolsonaro. Este último está acusado de una «intentona golpista», un proceso judicial que ha captado la atención internacional.

Contexto de la tensión política en Brasil

La decisión de Washington surge en un momento de alta polarización en Brasil. Un día antes de las sanciones, el 29 de julio de 2025, un simpatizante de Jair Bolsonaro fue visto sosteniendo un cartel que decía «Moraes, fuera», reflejando el descontento popular hacia el juez.

Este escenario se complementa con revelaciones previas que han sacudido la política brasileña. Recientemente, un militar declaró ante la corte de Brasil que ideó un documento que preveía el asesinato del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Asimismo, el ex presidente Bolsonaro ha recibido advertencias sobre el riesgo de prisión. Esto se debe a un presunto «incumplimiento» de no usar las redes sociales, una restricción impuesta por la justicia.

La imposición de estas sanciones económicas por parte de Estados Unidos subraya la creciente preocupación internacional por el estado de la democracia y la independencia judicial en Brasil. ¿Podrá este movimiento diplomático presionar por un cambio significativo en las prácticas judiciales brasileñas o profundizará aún más la polarización en la compleja arena política del país?

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