Chiapas enfrenta una crítica escalada de violencia, hostigamiento y criminalización que pone en riesgo a defensores de derechos humanos y periodistas. Ante esta alarmante situación, las Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC) urgen al gobierno estatal a establecer medidas efectivas para frenar la violencia defensores Chiapas y garantizar su integridad.
Urgente llamado a las autoridades de Chiapas
La preocupación por la persistencia de la violencia en la entidad ha llevado a Espacio OSC a demandar acciones inmediatas y efectivas por parte de las autoridades chiapanecas.
Espacio OSC demanda acciones inmediatas
Las organizaciones solicitan al gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, implementar estrategias que aseguren la protección de defensores y periodistas. Asimismo, piden a la fiscalía del estado informar sobre el avance de las investigaciones de los delitos cometidos contra estas personas y agilizar los procesos judiciales, dada la limitada eficacia detectada en su labor.
También instan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a emitir un informe especial sobre la situación de defensores y periodistas en Chiapas. Dicho informe debe detallar las quejas presentadas contra funcionarios públicos involucrados en agresiones o violaciones a derechos humanos.
Patrón de agresiones contra defensores de derechos humanos
La entidad ha registrado un preocupante incremento en las agresiones contra quienes defienden los derechos humanos.
Cifras alarmantes y casos emblemáticos
Entre enero de 2024 y mediados de 2025, se documentaron 156 agresiones contra personas defensoras en Chiapas. Estas incluyen cuatro asesinatos y 131 ataques directos en represalia por su labor.
Las agresiones abarcan intimidaciones, difamaciones, actos de vigilancia y ataques armados. Entre los casos más graves destacan la masacre de Nueva Morelia, el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, y las agresiones contra integrantes de la organización civil Las Abejas de Acteal. Los perpetradores han incluido tanto grupos del crimen organizado como fuerzas de seguridad estatales, según señalan las organizaciones en un comunicado.
Hostigamiento sistemático al CDH Frayba
De manera reciente, el allanamiento al domicilio de Dora Roblero, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (CDH Frayba), volvió a evidenciar el hostigamiento sistemático que enfrenta esta organización. El CDH Frayba es un referente clave en la defensa de comunidades indígenas y poblaciones vulnerables.
Desde 2024, el CDH Frayba ha sufrido al menos 46 agresiones, entre ellas vigilancia, allanamientos y declaraciones difamatorias por parte de autoridades.
Criminalización de Luis García Villagrán
En un patrón paralelo, el 5 de agosto de 2025 fue detenido arbitrariamente Luis García Villagrán, fundador del Centro de Dignificación Humana A.C., poco antes de la salida de una caravana migrante. Pese a la falta de pruebas, fue acusado de delincuencia organizada y tráfico de personas.
Un juez determinó la legitimidad de su labor en defensa de los derechos de las personas migrantes y anuló la orden de detención. Sin embargo, autoridades federales lo estigmatizaron públicamente, contribuyendo a un clima de criminalización e intimidación hacia quienes defienden los derechos de las personas migrantes.
Periodismo bajo asedio: Ataques y asesinatos
La situación de las personas periodistas en Chiapas también es alarmante, con un registro de agresiones y asesinatos que evidencian la vulnerabilidad del gremio.
Víctimas mortales y agresiones a mujeres periodistas
Entre 2021 y 2024, se registraron los asesinatos de Fredy López Arévalo (el 28 de octubre de 2021) y Víctor Alfonso Culebro Morelos (el 28 de junio de 2024).
Además, se han documentado 21 agresiones contra mujeres periodistas entre 2024 y 2025, siendo este último año el más violento, con 16 casos reportados, incluyendo dos allanamientos.
El fracaso de la estrategia de “pacificación”
A pesar del discurso oficial de “pacificación” impulsado por el gobierno estatal desde su entrada en funciones el 8 de diciembre de 2024, Chiapas muestra desafíos alarmantes en las condiciones de seguridad y derechos humanos.
Contraste entre discurso oficial y realidad
Desde el gobierno se habla de reconciliación y diálogo, pero en la vida diaria las agresiones contra quienes defienden derechos humanos y ejercen el periodismo persisten.
Las organizaciones afirman que la estrategia estatal, centrada en la contención y la militarización del territorio, no ha reducido la violencia. La llamada “pacificación” contrasta de forma flagrante con el persistente clima de violencia, desplazamiento y criminalización. Lejos de construir condiciones de paz, advierten que las políticas actuales han normalizado la presencia militar y la represión, mientras se desatienden las causas estructurales de la conflictividad: la pobreza, el despojo, la impunidad y la ausencia de un Estado que garantice justicia.
La persistencia de la violencia en Chiapas, lejos de aminorar con las políticas de «pacificación», evidencia un patrón de vulnerabilidad crítica para quienes alzan la voz. ¿Será que el Estado, al desatender las raíces profundas del conflicto, se convierte en cómplice tácito de un clima de impunidad que silencia a defensores y periodistas?
