¿Hasta dónde llega la responsabilidad? Morena exige que Alfaro dé la cara
El escándalo por el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, vuelve a sacudir al aparato político estatal. Morena alza la voz y apunta directo al exgobernador Enrique Alfaro.
Un caso que duele a Jalisco… y al país
La detención del alcalde José Ascención Murguía Santiago, por delitos como desaparición forzada y delincuencia organizada, abrió una grieta profunda en el discurso de seguridad del estado. El lugar de los hechos, el Rancho Izaguirre, no es sólo un predio cualquiera: se ha convertido en símbolo de impunidad y encubrimiento.
Para Carlos Lomelí, senador de Morena, no hay duda: Enrique Alfaro debe ser llamado a declarar. El legislador asegura que nada pasaba sin que Alfaro estuviera al tanto. Y si el caso explotó tras su salida del cargo, aún hay muchas explicaciones que dar.
Morena presiona desde el Congreso de Jalisco
Marta Arizmendi y el gabinete de seguridad bajo la lupa
La presidenta del Congreso, Marta Arizmendi, ya confirmó que se trabaja para citar a comparecer a todo el gabinete de seguridad estatal. Asegura que hay coordinación con los tres niveles de gobierno y que este caso no se cerrará en silencio.
“El caso nos duele no sólo a Jalisco, sino a nivel nacional”, declaró Arizmendi. La legisladora también subraya el contexto alarmante: Jalisco es el estado con más desaparecidos del país.
La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) evalúa las fechas para las comparecencias. No es un proceso rápido, pero el Congreso ya puso el tema en la agenda pública.
¿Qué pasó en el Rancho Izaguirre?
La detención del alcalde y los delitos señalados
El 19 de septiembre, las autoridades federales detuvieron al alcalde de Teuchitlán. El operativo, dirigido por la Fiscalía General de la República, reveló presuntas actividades criminales vinculadas con desapariciones forzadas.
Según fuentes federales, el Rancho Izaguirre habría sido utilizado como centro de operaciones ilegales. La omisión del gobierno estatal en alertar o investigar previamente alimenta las sospechas de encubrimiento o complicidad.
Movimiento Ciudadano responde
El Partido Movimiento Ciudadano (MC), del cual proviene el alcalde detenido y también el exgobernador Alfaro, se deslinda. Emitieron un comunicado en el que afirman que “los hechos nos sacuden como sociedad”. Sin embargo, también piden que la investigación no tenga tintes partidistas.
Pese a ello, el discurso de defensa parece flaquear ante la falta de acciones contundentes en años previos. El llamado de MC a una justicia “sin motivaciones políticas” se percibe como un intento de contener daños.
El discurso de Carlos Lomelí: crítica directa y lenguaje simbólico
“Ese pollito es naranja… y amargo”
Lomelí no se guardó nada. Usando metáforas culinarias, comparó el escándalo con un “pollito naranja” que “va a tardar en digerirse”.
Con frases como “todo lo que sea naranja es amarguito o malito”, el senador no sólo apunta a Alfaro, sino a todo el proyecto político de Movimiento Ciudadano en Jalisco.
Su discurso conecta con la narrativa que Morena quiere posicionar: que hubo complicidad y silencio estructural durante el gobierno alfarista.
¿Qué está en juego en Jalisco?
La seguridad pública y la credibilidad institucional
Jalisco se encuentra en una encrucijada política. Con miles de desaparecidos, una clase política dividida y un caso que involucra tanto a autoridades municipales como estatales, la ciudadanía exige más que discursos.
El caso del Rancho Izaguirre no sólo pone bajo la lupa a un alcalde detenido, sino que plantea una pregunta incómoda:
¿Quién permitió que esto sucediera?
Para Morena, la respuesta es clara: el exgobernador Enrique Alfaro debe rendir cuentas.
¿Por qué este caso puede marcar un precedente nacional?
Federalización del caso y presión desde el Congreso
El hecho de que la Federación haya atraído el caso muestra la dimensión del problema. En medio de un país fracturado por la violencia y la desaparición de personas, Jalisco representa un microcosmos de la crisis.
Si el Congreso de Jalisco logra llevar a comparecer a figuras clave del pasado sexenio, incluido Alfaro, se abriría la puerta a nuevos modelos de rendición de cuentas locales.
Lo que pasó en Teuchitlán no debe quedar impune
El caso del Rancho Izaguirre representa una herida abierta para Jalisco. Morena exige claridad, justicia y sanciones reales. En medio de la pugna partidista, lo cierto es que las víctimas y sus familias necesitan respuestas.
La presión está ahora sobre el Congreso local y el Gobierno Federal. El seguimiento del caso marcará un precedente importante: ¿será Jalisco capaz de revisar su pasado reciente con honestidad?
