La batalla contra el contrabando y el fraude fiscal en México alcanza un punto crítico. El próximo lunes 6 de octubre, la comisión de hacienda de la Cámara de Diputados votará una crucial reforma a la ley aduanera diseñada para frenar pérdidas multimillonarias y restaurar la competitividad nacional. Se avecina un cambio estructural en el sistema aduanero.
México contra el contrabando: Un sistema rebasado
El sistema aduanero mexicano ha sido rebasado por prácticas de contrabando, subvaluación y simulación de operaciones. La magnitud de los fraudes fiscales en sectores estratégicos como combustibles, textil, calzado y azúcar evidencia la urgencia de una reforma. La evasión fiscal, los abusos en el programa Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (IMMEX), el contrabando técnico y la subvaluación de mercancías han provocado pérdidas multimillonarias para la hacienda pública. Además, estas prácticas debilitan la competitividad de las industrias nacionales y afectan a miles de empleos, haciendo impostergable una revisión profunda.
El vice coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, describió la problemática, señalando la necesidad de endurecer las medidas para frenar el ingreso ilegal de estos productos al país.
Claves de la reforma a la ley aduanera
La Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados votará el dictamen de la iniciativa presidencial de reforma a la Ley Aduanera con cinco ajustes significativos a la propuesta original. A pesar de las modificaciones, se mantiene un pilar fundamental: la decisión de que los agentes aduanales serán corresponsables de las irregularidades fiscales que cometan las empresas importadoras y exportadoras. Esta medida busca incrementar la transparencia y la rendición de cuentas en las operaciones.
Los ajustes en el dictamen
El proyecto de dictamen incorpora cambios relevantes que buscan equilibrar la fiscalización con la operación empresarial:
- Cartas de crédito: Se incluye la opción de utilizar cartas de crédito en lugar de la cuenta aduanera de garantía, con el objetivo de no afectar la liquidez de las empresas.
- Vigencia de patentes aduanales: La propuesta presidencial inicial planteaba eliminar la vigencia vitalicia y reducirla a 10 años, prorrogables por un periodo igual. El dictamen amplía este lapso a 20 años, prorrogable por otro periodo idéntico.
- Vigencia de agencias aduanales: La iniciativa original proponía dejar en 10 años la autorización para operar como agencia aduanal. El proyecto de dictamen lo extiende a 20 años, prorrogables por un plazo igual.
- Certificación obligatoria: Se modifica la propuesta de certificación obligatoria anual para los agentes aduanales, estableciendo que se realice cada tres años.
- Artículos transitorios: Se ajusta uno de los artículos transitorios para definir que a las patentes de los agentes aduanales y las autorizaciones de las agencias aduanales en vigor les será aplicable la vigencia de 20 años, prorrogable por un plazo igual.
Fraude fiscal: Huachicol, IMMEX y la complicidad aduanal
El impacto del fraude fiscal se ha sentido con particular fuerza en diversos sectores. Alfonso Ramírez Cuéllar detalló que el contrabando de combustibles, introducidos al país como aceites, se consolidó en los años recientes como uno de los principales problemas para las finanzas públicas y la competitividad.
Huachicol fiscal y programa IMMEX
Durante el sexenio anterior, se estima que el huachicol fiscal de diésel alcanzó en promedio 43 mil 700 barriles al día, equivalentes al 10 por ciento del consumo aparente nacional. La pérdida fiscal derivada de estas prácticas ascendió a 4 mil 600 millones de dólares por evasión de IVA e IEPS, y de 2 mil 400 millones de dólares por contrabando de gasolina. La afectación total a Petróleos Mexicanos y a la hacienda pública se calculó en más de 28 mil 200 millones de dólares.
En el caso del uso indebido del programa IMMEX, las investigaciones revelan que su origen se encuentra en una red de empresas que, en complicidad con agencias aduanales, simularon exportaciones para evadir el pago de impuestos. Ocho compañías del sector textil y del calzado importaron productos terminados desde Asia y Estados Unidos, declarándolos como insumos para exportación, cuando en realidad eran vendidos en el mercado interno a precios subvaluados. Esta práctica provocó un fraude fiscal estimado en 24 mil millones de pesos, al no pagarse IVA ni aranceles en el momento de la importación.
Consecuencias institucionales y económicas
El caso IMMEX no solo refleja una pérdida millonaria para el erario, también un quiebre en la confianza institucional y un duro golpe a la industria nacional. Se estima que la competencia desleal derivada de estas operaciones ocasionó la pérdida de hasta 80 mil empleos en la industria textil, además de desplazar a empresas que sí cumplían con sus obligaciones fiscales. La colusión de agencias aduanales, la debilidad de los controles posteriores y la falta de auditorías digitales facilitaron que estas prácticas prosperaran sin consecuencias inmediatas, exhibiendo la fragilidad estructural del sistema aduanero mexicano.
La crisis azucarera: Ingenios clandestinos y contrabando técnico
El sector azucarero enfrenta una severa crisis derivada de la caída internacional del precio del azúcar, el ingreso ilegal de más de 330 mil toneladas por contrabando técnico y la operación de ingenios clandestinos. Esta combinación ha reducido la rentabilidad de los cañeros en hasta 50 por ciento, con pérdidas acumuladas estimadas en 37 mil millones de pesos, poniendo en riesgo la viabilidad de 90 por ciento de los productores con superficies menores a siete hectáreas.
Solicitud de intervención y las redes ilegales
El 31 de julio, la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera envió una carta al secretario de Economía, Marcelo Ebrard, detallando estas operaciones que han permitido la introducción irregular de azúcar al país. El documento señala que el contrabando técnico ha crecido significativamente a través de la importación de supuestas mezclas alimenticias que contienen menos de 2 por ciento de maltodextrina, carbón activado o sustancias similares, para evadir el pago de los aranceles de importación de azúcar. También se utilizan otras figuras para el contrabando técnico a través del depósito fiscal y los recintos fiscalizados estratégicos.
Incluso solicitaron a Ebrard que la secretaría emita una nota nacional para que cualquier preparación alimenticia que contenga 90 por ciento o más de azúcar se clasifique como azúcar. Adicionalmente, se reveló la existencia de ingenios azucareros clandestinos que producen 10 mil toneladas de azúcar estándar o refinada, comercializadas de forma desleal en el país. Estos ingenios, ubicados en Calipan, Puebla; Nopaltepec, Veracruz, y Tuxtepec, Oaxaca, operan al margen de la ley, evaden impuestos y obligaciones de seguridad social, así como todas las regulaciones aplicables a esta agroindustria de la caña de azúcar.
La votación del próximo 6 de octubre no es un mero trámite legislativo; es la respuesta del estado mexicano a una crisis que ha desangrado las finanzas públicas y minado la confianza institucional. ¿Será esta reforma la herramienta definitiva para restablecer el orden y la legalidad en las aduanas del país, o se necesitarán acciones más profundas para desmantelar las redes de corrupción que persisten?
