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CHETUMAL.- En este año, marcado por la pandemia, hubo gran avance en materia legislativa y uno de ellos la aprobación de la Ley de Salud Mental, pero quedan varias iniciativas que se retomarán, como la despenalización del aborto y también se está a la espera de cuándo se convocará a sesión para votar si se aprueba la solicitud del Ejecutivo de un préstamo de 820 millones para obra pública, dijo el diputado Edgar Gasca Arceo.
El legislador, presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social, indicó que lo más probables es que en los primeros días de enero la Comisión Permanente convoque para votar si se aprueba la contratación de una deuda pública por hasta 820 millones por un plazo de 20 años.
En entrevista, indicó que falta que los diputados formalicen la entrada de esa iniciativa y la turnen a comisiones para ser discutida en un periodo extraordinario junto con el Paquete Fiscal del 2021, que incluye la creación de nuevos impuestos, la autorización de la asociación pública-privada del puente vehicular Nichupté de Cancún, entre otras.
El legislador morenista explicó que este 2020 fue un año de muchos retos, a causa de la COVID-19, un virus que modificó la vida cotidiana de todo el mundo y, como en todos los sectores, también repercutió en el quehacer legislativo, aunque se avanzó con la aprobación de una Ley de Salud Mental.
“Llegó en un momento importante, luego de un confinamiento que puso a prueba nuestra fortaleza mental”, indicó y resaltó que para sacarla adelante se trabajó junto con unas 40 instituciones, entre las que mencionó a Derechos Humanos, Colegio Médico y Secretaría de Salud.
“Ahora habrá que ser vigilantes de cómo se desarrolla”, indicó Gasca Arceo, quien también dijo que en el próximo periodo ventilarían un proceso para reformar la prueba de tamiz neonatal ampliado, mediante la cual se pretende detectar de manera muy temprana enfermedades poco comunes, evitando así, malos diagnósticos y mejorar la calidad de vida del paciente y la familia.
Otra iniciativa pendiente, que ha generado polémica, es la despenalización del aborto, para la cual, a partir del 15 de febrero comenzarán las audiencias públicas, en las que llamarán a todos los actores involucrados, que van desde aquellos que lo promueven, hasta los que están en contra, e instituciones como Derechos Humanos, la Secretaría de Salud y la Fiscalía.
“Hay que escuchar la opinión de todos, en especial de la Secretaría de Salud, pues es la que tendrá la responsabilidad en caso de alguna modificación a la ley. También es importante la opinión de la Fiscalía General del Estado”, añadió.
Con información de Infoqroo
