Agencias
Bacalar.- El manejo de recursos públicos federales en la comunidad maya de Los Divorciados ha generado inconformidad de los pobladores, quienes acusan irregularidades en la operación del Programa para el Bienestar Integral de los Pueblos Indígenas (PROBIPI), cuyo financiamiento asciende a un millón 101 mil pesos.
De acuerdo con testimonios de los habitantes, representantes de la Secretaría del Bienestar, en complicidad con integrantes del Comité Ciudadano local, estarían intentando simular la construcción de obras que en realidad ya existen, con el objetivo de justificar la aplicación del presupuesto etiquetado para infraestructura social.
El comité comunitario señalado está integrado por Imelda González Poot, José Ernesto Tun y Ángela Santos Cimá, quienes presuntamente pretenden reportar como nuevas diversas acciones, entre ellas la instalación de baños en viviendas, a pesar de que muchas familias ya cuentan con ese servicio desde años anteriores.
Los Divorciados, comunidad ubicada a 65 kilómetros de la cabecera municipal de Bacalar, fue beneficiada con el PROBIPI, auspiciado con recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) para Pueblos Indígenas y Afromexicanos.
El esquema federal establece que los recursos deben entregarse directamente a los comités comunitarios para fortalecer la autonomía y participación de las localidades en la ejecución de proyectos.
Sin embargo, los habitantes denuncian públicamente que ese principio no se está cumpliendo, pues el comité habría actuado sin consultar a la asamblea y en coordinación con funcionarios del Bienestar para presuntamente apropiarse del dinero. Durante una reunión realizada la noche de este lunes, los pobladores encararon a los integrantes del comité y les exigieron transparentar el destino del presupuesto.
Advirtieron que no permitirán el inicio de ninguna obra mientras no se investiguen las acusaciones y demandaron la presencia de representantes del Gobierno Federal para supervisar directamente la aplicación del dinero, al asegurar que han perdido toda confianza en las autoridades locales y comunitarias.
Asimismo, amagaron con realizar protestas si la Secretaría del Bienestar no interviene de manera inmediata para frenar lo que consideran un intento de saqueo.
SIM
