“El pueblo debe saber por qué vota y para qué”, dijo el senador Manuel Huerta desde la tribuna del Senado. El conflicto entre el INE y el Poder Legislativo por la inédita elección judicial de junio encendió una batalla legal que podría cambiar la forma en que se comunica el proceso democrático. La disputa ya llegó a tribunales.
El conflicto: el INE frena la promoción de la elección judicial
¿Qué ordenó el INE?
A finales de marzo de 2025, el Instituto Nacional Electoral (INE) emitió un acuerdo que prohíbe a integrantes del Congreso de la Unión —particularmente a senadoras y senadores— realizar cualquier tipo de promoción sobre la elección judicial programada para el 1 de junio. El argumento central: evitar el uso de recursos públicos o figuras con influencia política para incidir en el electorado.
Según el documento aprobado por mayoría del Consejo General, esta elección debe mantenerse “libre de propaganda institucional que pueda interpretarse como coacción o indebida promoción del voto”.
¿Qué implica esta decisión?
El acuerdo impacta directamente en la libertad de expresión de legisladores que impulsaron la reforma judicial y buscan informar a la ciudadanía sobre el proceso. Esta elección no solo es inédita, sino también compleja: por primera vez, se elegirá de forma directa a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal.
Para muchos legisladores, se trata de una elección sin precedentes que exige una participación informada y amplia. Desde su perspectiva, la prohibición del INE oscurece el proceso y limita la posibilidad de alcanzar una alta participación.
El Senado reacciona: impugnación y argumentos clave
Huerta: “Nos están silenciando como representantes del pueblo”
Durante la sesión ordinaria del Senado, Manuel Huerta, senador del Grupo Plural, calificó la decisión del INE como un “exceso” y una violación a varios derechos constitucionales:
“Corta de tajo la posibilidad de difundir la elección judicial. Anula nuestro derecho a la libertad de expresión y coarta el derecho a la información del pueblo”.
Huerta subrayó que, lejos de promover candidaturas, el objetivo es informar sobre un proceso complejo y nuevo, que requiere pedagogía política y claridad institucional. La elección judicial, dijo, merece la misma promoción que una consulta popular o una reforma estructural.
La impugnación legal
El Senado presentó formalmente una impugnación contra el acuerdo del INE ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Fue firmada por el presidente de la Mesa Directiva, José Fernando González Noroña, en representación del Senado.
El recurso sostiene que el INE incurre en una sobrerregulación que invade competencias del Poder Legislativo. Además, plantea que la elección judicial, al no involucrar partidos ni candidaturas tradicionales, debe tener un tratamiento distinto al de comicios ordinarios.
¿Por qué esta elección es tan importante?
Una elección histórica para el Poder Judicial
Por primera vez en la historia democrática del país, los ciudadanos podrán elegir directamente a integrantes del Poder Judicial: desde jueces de distrito hasta magistrados de tribunales colegiados y unitarios. También se renovará el Tribunal de Disciplina Judicial.
Este nuevo modelo de elección fue impulsado como parte del paquete de reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2024, con el argumento de democratizar el aparato judicial, muchas veces criticado por su falta de transparencia y cercanía con la ciudadanía.
Un proceso complejo y desconocido
A diferencia de una elección legislativa o presidencial, los votantes se enfrentarán a boletas con decenas de nombres, perfiles técnicos y sin la presencia de partidos políticos. ¿Quién informa sobre las trayectorias? ¿Cómo se evalúan sus méritos? ¿Qué papel juega la sociedad civil?
El vacío informativo podría favorecer el abstencionismo o el voto desinformado, riesgos que preocupan incluso a organismos internacionales observadores del proceso.
Implicaciones para la democracia en México
¿Quién debe informar?
El núcleo del conflicto gira en torno a quién puede —y debe— informar sobre procesos electorales inéditos. Para el INE, la neutralidad debe ser absoluta. Para el Senado, el silencio institucional pone en riesgo la legitimidad del proceso.
Esta discusión pone sobre la mesa la tensión entre legalidad y legitimidad democrática, un dilema común en procesos de transición institucional.
El papel del INE: árbitro o actor político
Críticas a la sobrerregulación
Para algunos analistas, el INE ha adoptado una postura excesivamente cautelosa que raya en la censura preventiva. Gabriela Warkentin, académica y experta en comunicación política, afirmó en su programa de radio:
“Estamos ante una oportunidad pedagógica única, y si los propios legisladores que diseñaron la elección no pueden hablar de ella, estamos en un terreno muy peligroso”.
Defensa institucional del INE
Por su parte, consejeros como Claudia Zavala y Martín Faz han defendido el acuerdo, argumentando que se basa en principios constitucionales de equidad y neutralidad. El INE, dijeron, no impide la difusión del proceso en términos generales, sino la promoción desde posiciones de poder que podrían interpretarse como orientaciones del voto.
El fallo del Tribunal Electoral
La Sala Superior del TEPJF deberá resolver en las próximas semanas si el acuerdo del INE se mantiene o se revoca parcialmente. La decisión podría sentar un precedente sobre los límites de la promoción electoral institucional, especialmente en elecciones atípicas como la judicial.
Mientras tanto, el calendario avanza: el proceso judicial sigue su curso, y las campañas de información —en caso de autorizarse— tendrían que activarse en abril para tener algún efecto.
Una elección que redefine el sistema político
La elección judicial de junio de 2025 no solo es un ejercicio inédito, sino un punto de inflexión para el modelo democrático mexicano. La impugnación del Senado al acuerdo del INE visibiliza los desafíos de comunicar procesos complejos sin vulnerar principios electorales.
El resultado de esta disputa no solo afectará la elección actual, sino también el modelo futuro de participación ciudadana y pedagogía democrática. En el centro del debate, permanece la pregunta esencial: ¿quién informa al pueblo y bajo qué condiciones?
