El consejo general del instituto nacional electoral (INE) aprobó este lunes, 28 de julio de 2025, polémicas sanciones contra candidatos de la elección judicial. La decisión, que abarca irregularidades en fiscalización y el uso de los controversiales ‘acordeones’, ha desatado un intenso debate sobre su legalidad y alcance.
La sanción a los ‘acordeones’ y otras irregularidades en la elección judicial
El consejo general del instituto nacional electoral (INE), en sesión llevada a cabo este 28 de julio de 2025, aprobó sanciones a candidatos de la elección judicial por diversas irregularidades en materia de fiscalización. Entre estas irregularidades se destacan las relacionadas con los denominados ‘acordeones’, herramientas con las que se sugería votar por determinados perfiles.
De los 7 mil 767 candidatos que buscaron un cargo el pasado 1 de junio, ninguno de los contendientes a cargos federales perdió su triunfo por el caso de los ‘acordeones’. No obstante, cinco candidatos del ámbito local sí perdieron su candidatura, aunque por otras irregularidades en materia de fiscalización.
En el debate, no prosperó una propuesta de la consejera Dania Ravel para sancionar con el 5 por ciento del tope de campaña a los candidatos no ganadores que estuvieron igualmente incluidos en los ‘acordeones’; para esos casos se determinó únicamente amonestarlos.
La doble sanción por guías impresas y digitales
Sobre el caso de los ‘acordeones’, se fijó una multa del 10 por ciento del tope de gasto de campaña a 176 personas. Sin embargo, se estableció que no necesariamente pagarán dicha cantidad, sino solo el monto de acuerdo a su capacidad de pago. Finalmente, se avalaron las sanciones, incluyendo multas no solo por las guías impresas, sino también por los ‘acordeones’ digitales o divulgados en internet.
De los 176 candidatos sancionados, a 63 se les estableció la doble sanción. En este caso se incluyen los nueve ministros electos. Por ejemplo, al futuro presidente, Hugo Aguilar, se le impuso una multa de 39 mil 712 pesos por ser mencionado en los ‘acordeones’ impresos, y otra cantidad similar por aparecer en las guías digitales, sumando un total de 79 mil 424 pesos. Fuentes de la unidad técnica de fiscalización aclararon que valorarán la segunda multa acorde a la capacidad de pago de cada persona.
El debate interno: División y advertencias jurídicas
La consejera presidenta Guadalupe Taddei advirtió que el porcentaje de la sanción no tiene sustento jurídico, calificándolo de «ilegal». Taddei señaló el riesgo de que la decisión sea desechada en el tribunal electoral del poder judicial de la federación (TEPJF). Votaron en contra del proyecto junto a ella sus colegas Norma de la Cruz, Rita Bell López y Jorge Montaño.
Consideraron que las guías fueron elaboradas por terceros y que no existe un marco normativo para definir el alcance de las sanciones. La consejera Norma de la Cruz expresó que estas «rayarían en lo absurdo». Taddei anticipó que el órgano en su conjunto sería criticado por el nivel de las multas y que la decisión del consejo podría ser vista como un «juego o una burla», sin un «asidero jurídico» que pueda sostenerse en el tribunal electoral.
Taddei recalcó que los ‘acordeones’ masivos son ilegales, pero insistió en que ello no implica que el INE deba enfrentar esta situación con otra ilegalidad. Aseveró que «no hay un asidero jurídico que permita establecer una sanción a partir de los topes de gastos de campaña, y más aún que en este momento estemos proponiendo el cinco por ciento», frente a sus compañeros que sí avalaron el proyecto.
El poder detrás de la operación masiva
Por su parte, el consejero Jaime Rivera sostuvo que solo maquinarias con poder político o coactivo, y con abundantes recursos económicos, pudieron desplegar una operación masiva para inducir el voto. Rivera señaló que «tales entes políticos u organizaciones pudieron ser gobiernos, partidos políticos, gremios asociados a partidos o grupos delincuenciales».
Implicaciones económicas y la investigación futura
En total, el INE acordó multas por 10 millones 364 mil 410 pesos para los candidatos en el proceso federal. Para la renovación de los poderes judiciales en 19 entidades federativas, las sanciones suman 7 millones 975 mil 917 pesos. De los 18.3 millones de pesos que los implicados tendrán que pagar al INE, más de 6 millones corresponden al caso específico de los ‘acordeones’.
El concepto con mayor cúmulo de irregularidades es por egreso no comprobado (2.5 millones de pesos) y egreso no reportado (1.5 millones de pesos), así como por pagos en efectivo no autorizados. Además, en tres casos, se reportaron ingresos prohibidos por 1.3 millones de pesos. El único cambio que registró el proyecto fue la apertura de una investigación sin definir la estrategia de la autoridad, para indagar los multicitados ‘acordeones’.
La aprobación de estas sanciones, marcada por una profunda división interna y serias advertencias sobre su viabilidad jurídica, plantea interrogantes fundamentales. ¿Podrá el tribunal electoral sostener unas multas que, para una parte del consejo general, carecen de ‘asidero jurídico’, o se abrirá la puerta a una reinterpretación que impactará futuros procesos electorales?
