En un nuevo capítulo de la tensión entre órganos autónomos, la consejera Carla Humphrey del Instituto Nacional Electoral (INE) ha levantado la voz. Tras una controversia con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), subraya la urgencia de reglamentar los criterios de elegibilidad para la elección judicial, un paso crucial para la confianza pública.
Contexto de la controversia: Revocación de la metodología del INE
La advertencia de la consejera Humphrey surge ante una eventual Reforma legal, enfatizando la necesidad de reglamentar los criterios que los comités de evaluación de la elección judicial deben aplicar para declarar una candidatura elegible. Esta declaración se produce un día después de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocara la metodología que el INE había creado para revisar los expedientes de los candidatos ganadores de la elección judicial.
La consejera Humphrey dejó en claro que la actuación del Instituto se basó en una jurisprudencia de la propia Sala Superior. Este lineamiento señala que existen dos momentos para la revisión de requisitos: al registrar a los candidatos y antes de otorgar las constancias de mayoría. «Y eso fue lo que hicimos”, indicó Humphrey, destacando la adhesión del INE a lo establecido.
El meticuloso proceso de revisión del INE
Carla Humphrey, una de las consejeras más activas en el análisis de documentos, reveló que el INE halló cerca de 100 casos de candidatos que no cumplían con los requisitos de promedio académico estipulados en la Constitución. La revisión no se limitó a las calificaciones: para licenciatura se exigía un mínimo de 8.0, y al menos 9.0 en las materias de la especialidad para jueces de distrito y magistrados de circuito.
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Además del rendimiento académico, el INE emprendió una investigación exhaustiva para determinar que los ganadores no tuvieran antecedentes de sentencia firme en hechos violentos, morosidad en el pago de pensiones alimentarias, o que no se hallaran prófugos de la justicia. Gracias a un buzón abierto a la ciudadanía y a indagatorias propias, se pusieron al descubierto circunstancias que los comités de evaluación no reportaron. Al final, y con criterios propios, el INE determinó que 46 personas no cumplían con los requisitos de elegibilidad: 45 por el tema de los promedios académicos y una que se hallaba en prisión preventiva, acusada de abuso sexual a un menor de edad. Entre los miles de documentos revisados, el INE encontró incluso un certificado con una calificación sobrepuesta.
No obstante, la Sala Superior revocó los acuerdos del INE y ordenó otorgar constancia de mayoría a 15 de estos candidatos que, según el diagnóstico del Instituto, no cumplían el nivel mínimo de promedio académico.
La postura inquebrantable de Carla Humphrey
En entrevista, la consejera Humphrey expresó su desacuerdo con la resolución de la Sala Superior. “Hicimos una metodología, se aplicó de manera uniforme a todas las candidaturas y resolvimos en consecuencia. La sentencia de la Sala Superior la tenemos que cumplir (aunque) por supuesto, no la comparto. Revisamos expediente por expediente”, afirmó.
Subrayó que el trabajo del INE fue importante, dado que los comités de evaluación no dieron a conocer la metodología a partir de la cual otorgaron registro a los aspirantes. El INE, entonces, adoptó un sistema propio para no afectar los derechos de ninguna persona.
Hacia una reforma necesaria: Participación del INE desde el inicio
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La consejera considera que esta situación es un «área de oportunidad» si se produce una reforma para elegir a personas juzgadoras en poderes judiciales federales y locales. En este contexto, Humphrey enfatizó que el INE debería tener participación en esa revisión desde el primer momento. Esta participación temprana es crucial, sobre todo porque transcurren varios meses desde la primera evaluación hasta la etapa posterior a la elección, previo a la expedición de las constancias de mayoría, tiempo en el que la situación de los candidatos ganadores puede cambiar.
La decisión de la Sala Superior del TEPJF, al revocar la metodología del INE para la revisión de elegibilidad, expone las debilidades del actual marco para la elección de juzgadores. La insistencia de la consejera Humphrey en la necesidad de reglamentar estos criterios y asegurar la participación del INE desde las fases iniciales no solo busca subsanar vacíos legales, sino fortalecer la confianza en un sistema que demanda una integridad inquebrantable. ¿Podrán las futuras reformas consolidar un proceso de selección judicial libre de dudas y controversias?
