El experimento electoral del Poder Judicial: ¿una democracia de papel?
En una cálida mañana de marzo, entre carpas blancas y discursos repetidos, arrancó una campaña inédita en México: por primera vez en la historia política del país, las y los ciudadanos podrán votar por jueces, magistrados y ministras de la Suprema Corte. Un acto que el gobierno califica como un avance democrático sin precedentes.
Pero, ¿qué hay realmente detrás de este proceso? ¿Estamos ante un ejercicio de justicia ciudadanizada o ante la captura final del sistema judicial por intereses partidistas?
Desde el Caribe Mexicano hasta el Altiplano Central, el arranque de las campañas dejó claro que el proceso no busca renovar la justicia desde la raíz, sino replicar las peores prácticas del sistema electoral tradicional.
El modelo judicial-electoral: un Frankenstein institucional
Una elección sin precedentes… ni controles
El nuevo sistema de elección judicial es presentado como un avance progresista, impulsado por la narrativa de que “el pueblo elige mejor que las élites”. Sin embargo, el proceso no contempla mecanismos claros de evaluación técnica, experiencia jurídica o trayectoria ética.
Según datos del Instituto Nacional Electoral (INE), más del 85% de los candidatos provienen de estructuras partidistas o tienen vínculos comprobables con Morena. Muchos, incluso, formaron parte de equipos legislativos o ejecutivos en los últimos seis años.
“El problema no es solo la politización del Poder Judicial, sino la forma grotesca en que se está ejecutando esta elección”, afirma un funcionario del INE que pidió el anonimato. “Nos están obligando a organizar un proceso con boletas kilométricas, sin padrones verificados y con topes de campaña que nadie respeta.”
Boletas infinitas, candidatos invisibles
La falta de reglas claras ha provocado una inflación de candidaturas. En algunos distritos judiciales, hay hasta 70 aspirantes para una sola posición. Las boletas, según el INE, podrían superar el metro de largo. Esto vuelve casi imposible que el votante pueda emitir un sufragio informado.
“Ni siquiera sabemos quiénes son. Yo voy a votar por el número 32 porque es el que me dijeron en el sindicato”, confesó un empleado del SAT en Cancún.
Campañas judiciales: clientelismo y acarreo
El regreso de las viejas prácticas
Lejos de promover una discusión profunda sobre la justicia en México, los eventos de arranque de campaña mostraron un patrón familiar: plazas llenas con trabajadores del Estado, discursos vacíos, pancartas pagadas y slogans ridículos.
“Dora, la Transformadora de la Justicia”, “El Juez del Pueblo”, “La Ministra de AMLO”… Los apodos con los que se presentan los candidatos parecen sacados de un sketch de comedia política. Sin embargo, detrás de cada lona hay dinero y maquinaria.
El INE fijó un tope de campaña de 1.4 millones de pesos para quienes aspiran a ser ministros. Pero tan solo en espectaculares y transporte de simpatizantes, algunos candidatos ya han duplicado esa cifra, según observadores ciudadanos.
¿Quién financia la justicia?
La falta de fiscalización oportuna convierte a esta elección en un campo fértil para la opacidad. No hay claridad sobre el origen de los recursos que se utilizan en campaña, y los mecanismos de control son insuficientes para frenar el gasto excesivo.
En estados como Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo, se han reportado entregas de despensas, vales de gasolina y hasta promesas de empleo para movilizar votos. En Cancún, por ejemplo, circulan listas internas con instrucciones precisas sobre qué número votar.
Implicaciones para la democracia y la justicia
Una justicia al servicio del poder
El mayor riesgo de este proceso no está en su ejecución torpe, sino en su resultado: un Poder Judicial que pierde su independencia. La justicia se vuelve entonces una extensión del poder político, susceptible a instrucciones desde Palacio Nacional.
“La impartición de justicia debe estar blindada contra presiones políticas. Esta elección la contamina desde el origen”, afirma la constitucionalista María Teresa Gómez Mont. “Estamos hipotecando el equilibrio de poderes.”
El fantasma de la Revocación de Mandato
Los antecedentes recientes no auguran una alta participación. La consulta de Revocación de Mandato en 2022 apenas logró el 17% del padrón, pese a la intensa movilización de Morena. La judicial podría correr la misma suerte.
En estados del sur como Tabasco y Campeche, donde la estructura de Morena es dominante, se espera una movilización más efectiva. Pero en Yucatán y Quintana Roo, el ánimo ciudadano es de escepticismo.
Narcocultura, impunidad y justicia ausente
Mientras el discurso oficial habla de “justicia popular”, el país sigue presenciando homenajes públicos a capos del narco como Nemesio Oseguera “El Mencho”. El reciente concierto de “Los Alegres del Barranco” en Zapopan, donde proyectaron su rostro mientras interpretaban un corrido en su honor, muestra cómo la cultura de la impunidad sigue ganando terreno.
Ni el INE ni la Secretaría de Gobernación se han pronunciado al respecto. Tampoco la Fiscalía General de la República ha iniciado investigaciones por apología del delito.
En este contexto, la elección judicial se convierte en una paradoja: se promete más justicia, mientras la ilegalidad se celebra a plena luz del día.
Casos oscuros: El Sardinero y la conexión Venezuela
Un ejemplo del uso político de la justicia es el caso de Jorge Carlos Fernández Francés, alias “El Zar del Dinero”, vinculado a la red financiera de Nicolás Maduro. Según la UIF, su empresa Grupo El Sardinero recibió 238 millones de dólares de Group Grand Limited, vinculada a Alex Saab.
Mientras Estados Unidos prepara un caso bajo la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), en México las investigaciones avanzan con lentitud. Este tipo de casos evidencia cómo el Poder Judicial, lejos de atacar la corrupción transnacional, sigue siendo instrumento de protección para los cercanos al poder.
¿Justicia a futuro o democracia simulada?
La elección judicial de 2025 pasará a la historia como un experimento fallido si no se corrige el rumbo. Lejos de empoderar al ciudadano, lo confunde. En lugar de reforzar la independencia judicial, la debilita. Y si no hay garantías mínimas de imparcialidad, fiscalización y reglas claras, lo que nace es un poder subordinado, no un contrapeso.
La justicia no puede elegirse por voto popular si no hay condiciones de información, equidad y transparencia. De lo contrario, estaremos ante un nuevo capítulo de democracia simulada, donde el pueblo vota, pero no elige.
