Un fallo judicial, un cambio de criterio y un país confundido
El sábado pasado, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) sorprendió con un giro de último minuto: prohibió que el gobierno federal y los otros Poderes de la Unión promuevan la elección del Poder Judicial (PJ) programada para el próximo 1 de junio.
La decisión ha generado una ola de críticas, incertidumbre jurídica y acusaciones de censura institucional, que se suman a un contexto político ya de por sí enrarecido.
La medida surge después de una batalla legal entre el INE, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), que evidencia las fracturas internas y externas del sistema democrático mexicano.
Pero ¿qué hay realmente detrás de esta decisión? ¿Por qué la elección del Poder Judicial se ha convertido en el epicentro de un conflicto institucional que involucra a los tres Poderes de la Unión?
El trasfondo: una campaña sin precedentes
El INE y su apuesta comunicacional
Desde principios de año, el INE planeaba una campaña masiva para promover la participación ciudadana en la elección de jueces, magistrados y otros cargos clave del Poder Judicial. El plan era ambicioso: 48 minutos diarios de spots en cada estación de radio y televisión del país, durante dos meses. En total, más de 23 millones de impactos publicitarios.
Aunque legalmente la promoción de estos ejercicios democráticos está permitida, nunca antes el INE había planteado un despliegue de esa magnitud. Para comparación: en ejercicios similares como la consulta de revocación de mandato, el instituto tuvo acceso a solo seis minutos por día por estación.
La CIRT reaccionó de inmediato. Representando a cientos de estaciones privadas, interpuso una impugnación alegando exceso y falta de fundamento legal. Argumentó, además, que la saturación de mensajes genéricos sin candidatos ni narrativa clara podría ahuyentar a las audiencias, ya de por sí fragmentadas por el streaming y la TV de paga.
“Nos preocupa la desconexión de las audiencias con los medios nacionales. La sobreexposición genera rechazo”, advirtió la CIRT en su comunicado del 12 de marzo.
El TEPJF le pone freno al INE
La semana pasada, el Tribunal Electoral le dio la razón a la CIRT. En una resolución unánime, redujo el tiempo de spots del INE a 24 minutos diarios, es decir, un recorte del 50%. También devolvió al gobierno federal su derecho a difundir mensajes institucionales gratuitos.
Aunque el fallo fue considerado equilibrado, el INE reaccionó de forma inesperada. En su sesión del sábado 30 de marzo, la mayoría de consejeros aprobó prohibir que cualquier otro Poder del Estado participe en la promoción de la elección, bajo el argumento de mantener la neutralidad y evitar “campañas paralelas”.
El resultado: ningún Poder —ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial— puede emitir spots o contenidos que apoyen la participación ciudadana en la elección del PJ. Solo el INE puede hacerlo, y con menos recursos que los originalmente previstos.
¿Quién pierde con la censura institucional?
El Ejecutivo, sin voz ni voto
Uno de los principales afectados por la decisión del INE es el gobierno federal. La consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, había presentado apenas un día antes un spot atractivo, claro y visualmente más elaborado que los del INE, invitando a la ciudadanía a involucrarse en el proceso judicial.
Ese video ya no podrá circular.
Durante la conferencia matutina del lunes 1 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum fue tajante: impugnará la decisión del INE. Aseguró que “no tiene sentido excluir al gobierno de un proceso institucional del que es parte”.
“Lo haremos con narrativas neutras, sin sesgos ni inducciones, como debe ser. Pero no podemos quedarnos callados ante una decisión que parece más un castigo que una medida de justicia electoral”, afirmó.
El Legislativo también alza la voz
El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, calificó la decisión del INE como un acto unilateral e incongruente. “Durante meses, los tres Poderes promovimos conjuntamente la elección del PJ. ¿Por qué ahora se nos quiere silenciar?”, cuestionó.
Monreal también dejó entrever que buscarán mecanismos legales para revertir la censura. Y advirtió: “no se puede construir confianza democrática excluyendo voces”.
¿Y la ciudadanía?
Aunque los spots del INE siguen al aire, la decisión de dejar fuera al resto del aparato estatal ha tenido un efecto contraproducente: la confusión crece entre la población, que no entiende quién convoca, cómo se participa o por qué esta elección es importante.
Según una encuesta de Mitofsky publicada el 31 de marzo, el 62% de los mexicanos no sabe exactamente qué se elige el 1 de junio. Y entre quienes sí lo saben, solo el 18% considera que tiene suficiente información para votar con criterio.
¿Un berrinche institucional?
Un castigo simbólico del INE
Para analistas políticos como Denise Dresser o Sergio Aguayo, lo ocurrido refleja una profunda crisis de confianza entre los órganos del Estado.
“Esto no es solo un cambio de criterio. Es una reacción emocional del INE frente a un fallo que le recortó poder comunicacional. Y eso es preocupante”, opinó Aguayo en su columna semanal.
El voto dividido dentro del INE también lo evidencia. Guadalupe Taddei, presidenta del órgano, y los consejeros Norma de la Cruz y Jorge Montaño, votaron en contra de la prohibición. “Deberíamos aceptar toda la ayuda posible para fomentar la participación”, dijo Taddei.
Una elección que no entusiasma
La elección del Poder Judicial nació de una propuesta del expresidente López Obrador y ha sido duramente cuestionada por su complejidad, falta de claridad y riesgo de politización. Aunque oficialmente se plantea como un ejercicio de democratización, diversos sectores la perciben como un intento de control institucional disfrazado de consulta popular.
En este contexto, la desinformación y el desinterés ciudadano aumentan, justo cuando el país necesita más participación, no menos.
Implicaciones para la democracia mexicana
Un precedente peligroso
Lo ocurrido este fin de semana podría sentar un precedente jurídico y político preocupante. Si el INE puede impedir que otros Poderes promuevan procesos institucionales, se abre la puerta a una interpretación restrictiva de la libertad de expresión gubernamental.
“El INE se convierte así en juez, parte y único vocero de una elección que no controla completamente”, advierte el constitucionalista Roberto Niembro.
Impacto en las elecciones de 2024
Aunque la elección del PJ es un proceso separado de las elecciones presidenciales y legislativas de junio, la narrativa institucional y los ánimos políticos están inevitablemente conectados.
La oposición acusa al INE de debilitar la confianza pública en nombre de una autonomía mal entendida, mientras que Morena lo señala de actuar por revancha.
Ambos bandos tienen razón… y al mismo tiempo, ninguno la tiene completamente.
¿Y ahora qué?
El escenario más probable es que el fallo del INE sea impugnado ante el TEPJF. De hecho, el Ejecutivo ya alista un recurso legal, y se espera que lo mismo hagan la Cámara de Diputados y el Senado.
La discusión se centrará en un punto clave: ¿puede un órgano autónomo limitar la libertad institucional de otros Poderes para participar en procesos democráticos, siempre y cuando no incurran en propaganda electoral partidista?
De fondo, la pregunta es más profunda: ¿quién comunica la democracia en México?
Entre la forma y el fondo, se pierde la participación
La elección del Poder Judicial ha derivado en un nuevo campo de batalla político e institucional. En vez de ser una oportunidad para fortalecer la democracia participativa, se ha convertido en un proceso opaco, enredado y cada vez más excluyente.
Lo que debería ser un ejercicio de pedagogía cívica terminó reducido a un enfrentamiento de spots, criterios técnicos y tensiones entre poderes.
México necesita reconstruir confianza institucional y claridad narrativa. En tiempos de incertidumbre, la democracia no se defiende con censura, sino con inclusión, información y diálogo.
