La escalada del conflicto por el aumento a la tarifa del transporte público en Jalisco ha cruzado la línea de la legalidad. Amnistía Internacional ha levantado una alerta sobre probables violaciones derechos humanos Jalisco contra manifestantes. La controversia se centra en la detención y presunta tortura de cuatro opositores, incluidos estudiantes de la Universidad de Guadalajara, tras la protesta del pasado sábado.
La preocupación de Amnistía Internacional por la represión
La organización Amnistía Internacional (AI) emitió una declaración rigurosa manifestando su “preocupación” ante las probables violaciones a los derechos humanos. Según AI, estas presuntas violaciones fueron cometidas por policías estatales de Jalisco al término de la manifestación que se llevó a cabo en Guadalajara contra el incremento del transporte público.
La protesta contra el aumento y la tarjeta naranja
La manifestación, efectuada el 10 de enero de 2026, congregó a varias organizaciones en Jalisco que se opusieron al aumento tarifario. La tarifa pasará de 9.50 a 14 pesos, y se aplicará a partir del primero de abril del 2026. Los opositores consideraron la medida como un «abuso» y un «robo». Además, criticaron:
- El subsidio a empresarios transportistas.
- El fraude de la «tarjeta naranja».
Denuncias de tortura y liberación condicionada
Colectivos que participaron en la protesta han insistido en la gravedad de los hechos ocurridos tras las detenciones. Aseguran que los cuatro manifestantes, quienes fueron liberados horas después, fueron objeto de amenazas y torturas. Estos actos, según las denuncias, ocurrieron durante el trayecto hacia la sede de la fiscalía estatal y las horas que permanecieron en el lugar.
Una vocera de la Asamblea Estudiantil Interuniversitaria, cuyos miembros fueron asediados por agentes estatales después de la marcha, compartió la preocupación: “Están muy asustados porque los torturaron y decidimos esperar por la orientación de derechos humanos. Vamos a movilizarnos, pero únicamente diciendo lo general”.
Los cuatro detenidos, aprehendidos por agentes estatales en dos acciones distintas, han sido identificados oficialmente como:
- Esteban Joel, de 31 años.
- Miguel Ángel, de 58 años.
- Justo Rafael, de 18 años (alumno de la Universidad de Guadalajara).
- Omar Alonso, de 19 años (alumno de la Universidad de Guadalajara).
La defensa del gobernador Pablo Lemus
El gobernador emecista de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que él fue quien personalmente ordenó la liberación de los cuatro arrestados. El argumento central del mandatario fue no querer perjudicar el futuro de los manifestantes, ya que, según señaló, “son estudiantes”.
Lemus deslindó a los jóvenes de la responsabilidad total de los hechos, insinuando una manipulación política: “Muchas veces caen en esas provocaciones y no se vale que los condenemos toda su vida por una situación en que actores políticos, que buscan sacar raja personal, los anden motivando para eso”.
El gobernador puntualizó que son los estudiantes quienes resultan “afectados porque, ahora sí, son la mano del que arroja la piedra y la esconde”. Además, hizo una alusión directa a miembros de partidos de oposición, específicamente Morena, Del Trabajo y Futuro, al afirmar: “Ustedes tienen fotos de quienes anduvieron ahí, principalmente diputados”.
La versión de la policía estatal
En contraste con las denuncias de tortura, el comisario de la policía preventiva de Jalisco, Juan González Castañeda, ofreció la versión oficial de la detención la noche del sábado.
González Castañeda declaró que las personas aprehendidas fueron “ubicadas” luego de que “algunas presentes” en el centro de la ciudad los acusaran por tener una “actitud agresiva” durante la manifestación.
El comisario detalló el proceso de aprehensión, señalando que los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Jalisco tras el aseguramiento de evidencias: “Bajo protocolo se les realiza una inspección en la que se aseguran dos armas punzocortantes, aparente droga sintética”.
El «tarifazo» ha expuesto la tensión latente en Jalisco, llevando la protesta social al límite de la represión. Mientras la Fiscalía investiga los cargos por supuesta posesión de drogas y armas, la sombra de las violaciones derechos humanos Jalisco y la tortura, señalada por organismos internacionales como Amnistía Internacional, plantea serias dudas sobre la actuación de las autoridades estatales. ¿Hasta qué punto la narrativa oficial se sustenta frente a las acusaciones de coerción y criminalización de la disidencia estudiantil?
