La tensión legislativa escaló en la capital. Tras intensas negociaciones en San Lázaro, el Senado de la república recibió la minuta modificada de la controvertida reforma ley de amparo. La modificación central se centra en el lenguaje del artículo transitorio, cuya nueva redacción busca desactivar la crítica de retroactividad y reencauzar el proceso legislativo.
La minuta de la Ley de Amparo llega al pleno
La presidenta de la mesa directiva del senado, Laura Itzel Castillo, informó oficialmente que la minuta que reforma la ley de amparo le fue remitida desde la cámara de diputados.
Se prevé que el documento será puesto a votación del pleno durante el mismo día, 15 de octubre de 2025.
El presidente de la comisión de estudios legislativos, Enrique Inzunza, aseguró que los senadores transitarán con las modificaciones realizadas al documento en san lázaro, lo que indica una pronta ratificación.
El punto de quiebre: La redacción del transitorio
La modificación más debatida y sensible se centró en el controvertido artículo transitorio que, en su versión original, contenía la posibilidad de retroactividad en la aplicación de la reforma.
La nueva redacción aprobada en diputados y devuelta al senado busca aclarar la aplicación temporal de la ley procesal. La propuesta de párrafo final quedó redactada de la siguiente manera:
- “Al tratarse de una ley procesal, las etapas procesales concluidas que generen derechos adquiridos a las partes se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos.”
- “Por lo que hace a las actuaciones procesales posteriores a la entrada en vigor del presente decreto, de conformidad con la doctrina y la jurisprudencia de la suprema corte de justicia de la nación, se regirán por las disposiciones de este decreto.”
- «Sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, pues se trata de actuaciones futuras.”
Este ajuste al tercer transitorio, según declaraciones previas atribuidas a csp, busca evitar la retroactividad y salvaguardar las demandas colectivas.
Cambios estructurales: La limitación del interés social
El senador Enrique Inzunza también confirmó que se modificaron los artículos 128 y 129.
Estos artículos tienen implicaciones directas en la defensa ciudadana, puesto que abordan la no aplicación del amparo cuando la acción judicial pueda afectar el interés social y el orden público.
La aprobación final de estos cambios en la ley de amparo definiría un nuevo marco legal para la interposición de recursos contra actos de autoridad.
El contexto político: Autonomía y el T-MEC
Mientras la reforma de amparo monopoliza la atención legislativa, otros movimientos clave confirman la intensidad del «círculo rojo» en la capital:
Autonomía del árbitro electoral
La consejera ravel señaló que la actuación del órgano interno de control pone en riesgo la autonomía del ine. Con contundencia, la consejera reiteró la obligación de neutralidad del instituto:
> “Vivimos en un sistema democrático, con competencia electoral intensa, donde el árbitro debe ser neutral y tomar decisiones apegadas a la ley aunque resulten molestas para quienes ostentan el poder, y estas decisiones deben ser libres y autónomas.»
Revisión al capítulo laboral del T-MEC
Sindicatos independientes entregaron propuestas de revisión al capítulo laboral del t-mec.
Agremiados de volkswagen y audi, así como del sector minero, de pilotos y trabajadores por aplicación, expresaron la necesidad de establecer un salario mínimo regional en los sectores estratégicos que cubre el tratado comercial.
El decreto sobre la guardia nacional
Finalmente, fue publicado un decreto emitido por la presidenta sheinbaum que faculta al senado para ratificar grados superiores otorgados a mandos de la guardia nacional (gn). Sus facultades entrarán en vigor a partir de este jueves.
La aprobación inminente de la ley de amparo, con su lenguaje ajustado, no pone fin al debate jurídico. La clave estará en cómo la suprema corte interpretará esta «no retroactividad» en la práctica y si la limitación impuesta en los artículos 128 y 129 realmente garantiza el interés social o, por el contrario, restringe excesivamente la defensa ciudadana ante actos de poder.
