En un movimiento sorpresivo, el congreso de El Salvador ha aprobado una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida, extiende el periodo de gobierno y elimina el balotaje. Este giro, impulsado por el oficialismo, genera un debate crítico sobre el futuro democrático del país y la acumulación de poder.
Reforma constitucional: el camino hacia la reelección indefinida
El Congreso de El Salvador, de mayoría oficialista, aprobó este jueves 31 de julio de 2025, de manera sorpresiva, una reforma a la Constitución del país. Esta enmienda permite la reelección presidencial indefinida, extiende el periodo de gobierno de cinco a seis años y elimina el balotaje. La propuesta fue introducida justo el día antes de unas cortas vacaciones por festividades de la capital, y fue impulsada por el partido Nuevas Ideas, aliado del presidente Nayib Bukele. El proyecto de reforma fue presentado por legisladores afines a Bukele, quienes ocupan 57 de los 60 escaños, y el diputado Giovanny Zaldaña, del partido oficialista Nuevas Ideas, fue quien concedió de primera mano esta propuesta de reforma.
La reforma también acorta el actual periodo del mandatario Nayib Bukele al año 2027, en lugar de finalizar en 2029, con el fin de celebrar ese mismo año comicios presidenciales en conjunto con los de diputados y alcaldes. El presidente Bukele, de 44 años, asumió en junio del año pasado un segundo mandato consecutivo tras arrasar en febrero de ese mismo año las elecciones presidenciales. Este segundo mandato se produjo pese a reclamos de opositores y algunos miembros de la comunidad Internacional que cuestionaron los comicios, asegurando que la Constitución del país prohíbe la reelección inmediata; sin embargo, una decisión de la corte la permitió.
Voces disidentes: la preocupación por la democracia salvadoreña
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La reforma oficialista ha sido vista por algunos sectores como un paso más de Nayib Bukele para eternizarse en el poder y socavar la democracia. Esta percepción se agudiza por la forma en que se aprobó la reforma. Noah Bullock, de la organización de derechos humanos Cristosal, cuyos miembros dejaron El Salvador recientemente y se exiliaron, declaró a Reuters: «El día antes de las vacaciones, sin debate, sin informar a la ciudadanía, en una sola votación legislativa, cambiaron el sistema político para permitir que el presidente se perpetúe en el poder indefinidamente y sigamos siguiendo el camino trillado de los autócratas».
Desde la oposición, la diputada Claudia Ortiz, del partido VAMOS, expresó que las reformas solo buscan «perpetuar a un pequeño grupo en el poder y seguir acumulando recursos y seguir acumulando poder y dejando a la gente cada vez más pobre. Esta historia se ha contando muchas veces en muchos países del mundo». Estas declaraciones subrayan la preocupación por la concentración de poder y sus posibles consecuencias en la ciudadanía.
El contraste: popularidad presidencial y acusaciones de derechos humanos
A pesar de las críticas y preocupaciones democráticas, el presidente Nayib Bukele sigue gozando de una alta popularidad, en gran medida por su mano dura para el combate de los grupos criminales. El mandatario inició su primer mandato en 2019, tras una carrera catapultada por una guerra contra las pandillas que le permitió reducir drásticamente el número de homicidios en tres años. Esta política incluyó la implementación de un estado de emergencia que ha colocado al país entre los más seguros del mundo.
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No obstante, esta popularidad contrasta con las acusaciones de activistas de derechos humanos, quienes señalan a la administración de Bukele por violar derechos civiles básicos y encarcelar a personas inocentes en el marco de su estrategia de seguridad. Este equilibrio entre seguridad y respeto a los derechos es un punto de constante tensión en el panorama político salvadoreño.
La aprobación de esta reforma marca un punto de inflexión en la política salvadoreña, consolidando un poder sin precedentes. Mientras la popularidad de Bukele persiste por su lucha contra la criminalidad, la comunidad internacional y los defensores de derechos humanos observan con recelo. ¿Será este el inicio de un nuevo capítulo de estabilidad para El Salvador, o el preludio de una profundización de las preocupaciones democráticas en la región?
