El Instituto Nacional Electoral (INE) se encuentra en una encrucijada financiera tras el drástico recorte presupuestal aprobado por la Cámara de Diputados. Con un impacto de mil millones de pesos, la Junta General Ejecutiva (JGE) se vio forzada a implementar ajustes basados en la «austeridad y racionalidad» del gasto.
El mandato de ajuste y la justificación institucional
El 02 de diciembre de 2025, la JGE del Instituto Nacional Electoral (INE), reunida en la Ciudad de México, aprobó las modificaciones necesarias en distintos proyectos institucionales. Este reajuste se produjo frente a la determinación de la Cámara de Diputados de reducir el presupuesto de la institución en mil millones de pesos, una cifra que representa el 6.6 por ciento de la petición original del órgano electoral.
La secretaria Ejecutiva del INE, Claudia Espino, encabezó la reunión ante la ausencia de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei. Espino fue enfática al señalar que los cambios no ponen en riesgo el cumplimiento de las responsabilidades del instituto. El objetivo primordial de esta revisión es garantizar que, una vez que el asunto llegue a la sesión del Consejo General, la reducción presupuestal sea aprobada «sin arriesgar las funciones sustantivas de la institución» en la organización de las elecciones.
El director jurídico del INE, Juan Manuel Vázquez, contextualizó el tema bajo el parámetro de la austeridad, indicando que la reducción:
> «Nos obliga a realizar los ajustes para optimizar el uso de recursos del presupuesto base, así como de los proyectos que integran la Cartera Institucional de Proyectos».
El documento aprobado por la JGE detalla que cada área del INE llevó a cabo una exhaustiva revisión de sus obligaciones para identificar los proyectos susceptibles de «ajustes» que permitan mantener la funcionalidad operativa.
Funciones sustantivas blindadas y proyectos impactados
A pesar de la magnitud del recorte, el INE ha garantizado que sus funciones sustantivas de carácter electoral no serán afectadas. Esto incluye:
- El proceso electoral local en Coahuila, programado para 2026, donde se renovarán 25 diputaciones locales.
- La contienda de 2027 correspondiente a la renovación de los curules de la Cámara de Diputados.
- La segunda fase de la elección de magistraturas de circuito y jueces y juezas de distrito del Poder Judicial de la Federación.
Sin embargo, el impacto del recorte de los mil millones de pesos sí recaerá sobre áreas específicas del quehacer institucional. Los proyectos que serán directamente afectados incluyen lo relativo a la promoción de la cultura cívica y la participación ciudadana, así como la campaña para alentar el voto tanto de los ciudadanos residentes en México como aquellos que viven en el extranjero.
La distribución final del presupuesto del INE
Tras la reducción, el Instituto Nacional Electoral contará con una bolsa general de 14 mil 099 millones de pesos para el año entrante. La distribución de estos recursos prioriza la operación básica:
- Operación Básica: 12 mil 345 millones de pesos, destinados principalmente a fondear la nómina.
- Proyectos Específicos: 1,757 millones de pesos restantes.
Es crucial destacar que la partida que, por mandato constitucional, no sufrió ninguna modificación fue la destinada al financiamiento público de los partidos políticos nacionales. Para el año próximo, esta partida se mantendrá en 7 mil 737.2 millones de pesos, un cálculo que se basa en una fórmula establecida en la Constitución y que, por lo tanto, no es susceptible de recortes.
La consejera presidenta, Guadalupe Taddei, no asistió a la reunión de la JGE, ni tampoco al inicio de actividades en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, aunque sí participó de forma virtual, usando cubrebocas, en la más reciente sesión del Consejo General.
El INE logra sortear momentáneamente la presión financiera, demostrando capacidad para priorizar la operación electoral básica; no obstante, el recorte en áreas cívicas abre la interrogante sobre el costo real de esta austeridad: ¿se está sacrificando la formación ciudadana y la participación cívica en aras de la eficiencia operativa mínima?
